Miles de personas acudieron a Miguel Nazareno para dejar sus ahorros. El ahora conocido como Don Naza ofrecía pagar en 8 días el 90% de intereses a los clientes. La noticia se regó como pólvora y, a pesar de las advertencias de las autoridades sobre la ilegalidad del sistema de captación, los ciudadanos que han dejado su dinero en Big Money –como Don Naza bautizó a su sistema– confían en que su dinero está en buenas manos. Incluso se reportaron caravanas en respaldo a Don Naza luego de que la Policía allanara su casa.
Miguel Nazareno opera en Quevedo, una ciudad costera del Ecuador. Allí, según ha indicado a medios de comunicación, empezó su “compañía”, en 2017, recibiendo dinero de 40 socios entre los que estaban militares, médicos y “otros profesionales que se arriesgaron a invertir”. Ahora, serían 6.000 las personas que han confiado su dinero a Nazareno, según las declaraciones que este realizó al diario El Telégrafo.
Al amanecer del 30 de julio, las autoridades de la Policía Nacional allanaron el domicilio de Nazareno y otras dos viviendas más. Según las autoridades y según lo publicado en Revista Vistazo, Don Naza llevaba tres meses operando su entidad financiera y además había inaugurado un local en donde entregaba víveres y electrodomésticos gratuitos los fines de semana.
El operativo para allanar las viviendas relacionadas con Big Money duró tres horas. De acuerdo a lo publicado por diario La Hora, las autoridades tuvieron que contener a varias personas que se aglomeraron a las afueras de la vivienda de Don Naza para defenderlo. Según el medio, la Policía tuvo que disparar al aire para evitar una revuelta.
Como resultado del allanamiento, la Policía encontró fajos de dinero, ropa, un celular, una computadora y una máquina para contar dinero. En el allanamiento, la Policía no encontró a ‘Don Naza’.
La Superintendencia de Bancos ha alertado sobre la ilegalidad de Big Money y la ha calificado como una “entidad sospechosa”, porque no está registrada en el sistema financiero nacional ni trabaja bajo los mecanismos autorizados. Además de ello, en los registros de la Superintendencia de Compañías, Miguel Nazareno no consta como accionista de ninguna empresa. En el Servicio de Rentas Internas su actividad comercial indica que se dedica a la reparación de electrodomésticos y hasta el 7 de junio, según informó el Ejército del Ecuador, Don Naza era cabo de la institución militar, pero desde esa fecha no había ido a trabajar y presentó, a través de su abogada, una solicitud para retirarse voluntariamente de la vida militar. Sin embargo, por no asistir a sus labores, el Ejército inició un proceso administrativo-disciplinario en su contra.
Como si fuera poco, desde 2014, Don Naza mantiene una deuda con una institución financiera que le prestó USD 2.500. El 10 de octubre de 2018, Nazareno fue sentenciado en Quito a que pague la deuda, que con intereses asciende a USD 4.756.
A pesar de la sentencia, según informa El Universo, hasta diciembre de 2020, “nadie lo encontraba” a Don Naza, por lo que el juez del caso pidió a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que emita cualquier información disponible sobre él. Ahora, Don Naza ha aparecido en los medios de comunicación locales y nacionales del Ecuador autodenominándose empresario y diciendo que es una “persona honesta que ayuda a los desposeídos”. Además, asegura que él “da la cara” defendiendo a sus “compañía”.
Según expertos, Don Naza utilizaría el esquema Ponzi para la captación de dinero. Este sistema es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. Uno de los casos de estafa más famoso en el Ecuador con el uso del esquema Ponzi fue el caso del Notario Cabrera, que también captaba dinero y ofrecía pagar altos intereses a sus clientes terminó con la muerte del notario y con la pérdida del dinero de cientos de “depositantes”.
La Superintendencia de Bancos ha indicado que las denuncias por estafas financieras piramidales subieron de 2 a casi 50 por mes. Además, ha detectado centenares de casos en los que empresas y personas contactan con los ciudadanos para ofertarles supuestos servicios financieros.
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