Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador rechazó este miércoles un recurso de casación y confirmó la condena a ocho años de prisión contra el ex presidente democristiano Jamil Mahuad, acusado de malversación durante la crisis financiera nacional de 1998 y 1999.
El tribunal declaró como improcedente el recurso de casación (anulación de la sentencia) interpuesto por Mahuad, “al no haber justificado, conforme a derecho, sus argumentaciones y sin que pueda evidenciarse algún error de derecho (en el fallo de segunda instancia en su contra) que pueda ser corregido”.
Con esta decisión, el caso volverá al tribunal de segunda instancia para que ejecute la sentencia que condenó en 2017 a Mahuad a ocho años de prisión, y que fue el corolario de un proceso que inició en 2000.
El tribunal de casación que anunció hoy el fallo explicó que la ratificación fue tomada por la mayoría de sus tres integrantes, es decir por los magistrados Iván León y David Jacho, en tanto que el juez Wilman Terán emitió su “voto salvado”, al no estar de acuerdo con sus otros dos colegas.
En 2014, una corte ecuatoriana condenó a Mahuad a quince años de prisión, pero en 2017 otro tribunal redujo su sentencia a ocho años, aunque no pudo arrestarle por encontrarse prófugo fuera del país.
El ex presidente, que está radicado en Estados Unidos, gobernó Ecuador entre agosto de 1997 y enero de 2000, cuando fue derrocado del poder.
El ex mandatario fue acusado de malversar fondos públicos y de haber llevado al país en 1999 a la peor crisis financiera de su historia, que incluyó la congelación de las cuentas en todo el sistema financiero nacional.
A finales de mayo de 2014, Mahuad, tras conocer la condena de primera instancia en su contra, remitió una carta a varios medios de comunicación de su país, en la que pidió “perdón” al pueblo ecuatoriano por las decisiones que tomó y por la crisis financiera que se desató en su administración, que le costó más de 8.000 millones de dólares al erario nacional.
Una treintena de entidades financieras fueron intervenidas por el Estado en aquella época, en la que incluso se registraron varios casos de suicidio por la congelación de los depósitos de los ahorradores.
Algunos banqueros, aquejados por malos manejos financieros y una enorme crisis de liquidez, entregaron sus entidades al Estado, y algunos de ellos huyeron del país para evadir la acción de la justicia.
(Con información de EFE)
MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:
Últimas Noticias
Lula da Silva pidió a sus ministros analizar medidas para mejorar la situación de las cuentas públicas de Brasil
El mandatario mantuvo una reunión en el palacio de Alvorada con funcionarios del área económica, asesores y economistas vinculados al Partido de los Trabajadores (PT). Los mercados aguardan señales más claras de disciplina fiscal por parte del Gobierno brasileño
Haitianos consultados en República Dominicana apoyan presencia militar salvadoreña, pero pidieron evitar víctimas civiles durante operativos
Residentes haitianos consultados en la frontera dominicana respaldaron la misión de El Salvador y reclamaron acciones precisas para evitar víctimas inocentes
Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario
El exmandatario y actual ministro de la Presidencia y Hacienda ofreció carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de atención social a los vecinos de Turrúcares, Alajuela, si la municipalidad retira las acciones judiciales contra el proyecto de la empresa EBI.
Renuncia viceministra de Hospitales de Guatemala tras un escándalo de nepotismo
La contratación del hijo de una alta funcionaria de Salud sin concurso y con credenciales insuficientes revela una brecha entre los principios que el ejecutivo proclama y las decisiones que toma en la administración pública
Estados Unidos renueva por un año la emergencia nacional para mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua
La disposición, notificada mediante avisos del Registro Federal, extiende hasta noviembre de 2027 las atribuciones de la Casa Blanca para congelar activos y limitar transacciones de personas o entidades alcanzadas
