La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador impuso este lunes una serie de medidas contra las recientes acciones del presidente Nayib Bukele, quien el domingo irrumpió en el Parlamento con las fuerzas armadas para forzar a los legisladores a aprobar un préstamo que financiaría su plan de seguridad.
En concreto, el máximo tribunal del país “ordena” a Bukele “que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarías a los fines constitucionalmente establecidos y ponga en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes".
Además, determinó que Gobierno, incluido Bukele, baje "la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a efecto que se apruebe el préstamo” objeto de la contención. Por último, ordena al ministro de Defensa y al director de la Policía “que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados”, en clara referencia a la entrada de policías y militares este domingo en la sede de la Asamblea Legislativa.
De esta manera, ambos poderes republicanos condenaron las acciones que tuvieron lugar el fin de semana. Pocas horas antes, el presidente del Parlamento, el opositor Mario Ponce, comunicó la denuncia de todos sus miembros -incluidos los oficialistas- del “intento de golpe de Estado” perpetrado por el Presidente.
“Como presidente del Órgano legislativo y en representación de los 84 diputados y diputadas, estamos protestando enérgicamente por esa actitud por la cual se ingresó a este recinto legislativo, no es posible que a 28 años de los acuerdos de paz, tengamos a nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo”, remarcó Ponce en diálogo con periodistas.
Bukele, por su parte, rechazó las declaraciones y aseguró a El País que "si fuera un dictador habría tomado el control de todo el Gobierno anoche”.
La situación comenzó cuando Bukele convocó a una sesión extraordinaria el domingo, con el objetivo de que los legisladores aprobaran el préstamo, de USD 109 millones y con el cual el Ejecutivo buscaba mayormente comprar equipamiento para las fuerzas. Al recinto, no obstante, acudieron una veintena de diputados, además de las fuerzas armadas.
Allí Bukele pidió a los presentes “paciencia” y anticipó que "si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana la Fase 3 del Plan Control Territorial nos volvemos a convocar aquí el próximo domingo”. De hacerlo, no obstante, contravendría las medidas dictadas por el tribunal.
La oposición se negó a acudir y explicó que no aprobaron el préstamo, que fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica porque el Ejecutivo no ha detallado en qué será ocupado el dinero.
Al no obtener quórum, Bukele realizó una oración en el recinto y luego salió a dirigirse a sus simpatizantes, que esperaban fuera del edificio: los convocó a “la insurrección para remover a los funcionarios y restablecer el orden constitucional".
“Los diputados de la Asamblea no quieren aprobar dinero que no es ni de ellos para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Ahora sabemos que los diputados, que no quieren aprobar el dinero para la seguridad de los salvadoreños, negociaron con las pandillas y les dieron dinero para que compraran armas", dijo, en alusión al partido Arena y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Los diputados pueden votar a favor o pueden votar en contra del financiamiento a la Fase 3 del Plan Control Territorial, lo que no podían hacer era faltar a esta convocatoria, y lo hicieron”, agregó.
Las acciones generaron repudio de la comunidad internacional. El embajador norteamericano Ronald Johnson llamó a las partes “a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma”. Y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron más enfáticas. “Peligrosa situación en El Salvador. El presidente Nayib Bukele haciendo ese despliegue militar parece olvidar la nefasta historia de violaciones de Derechos Humanos en el país”, indicó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, mediante su cuenta de Twitter.
Por su parte, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha apuntado que Bukele ha provocado una “grave crisis constitucional”. “Al no lograr el apoyo del Congreso (...) ordenó rodearlo por el Ejército y soldados con armas largas ingresaron al plenario de las sesiones. ¿Qué concepto tiene Bukele sobre la democracia?”, manifestó mediante la citada red social.
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