La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva solicitará a la justicia la libertad “inmediata” del ex presidente brasileño tras haber conversado con él este mismo viernes en la cárcel donde se encuentra preso desde hace 1 año y 7 meses por corrupción y blanqueo de capitales.
Los abogados de Lula pedirán su excarcelación con base en la decisión adoptada este jueves por el Tribunal Supremo de Brasil (STF), que determinó que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional.
La decisión, sin embargo, no es automática. La jueza Carolina Lebbos puede ordenar la prisión preventiva del ex presidente si el fiscal la solicita y considera que existe riesgo de fuga del acusado. No hay una fecha límite establecida por ley para que se manifieste.
Si Lula es liberado hoy, habrá estado 580 días en la cárcel. En las conversaciones que sostuvo en las semanas previas a la decisión del Supremo, Lula dejó en claro a sus aliados que, al obtener la libertad, dos puntos marcarán su desempeño político: no hará un giro al centro ni empuñará la bandera de la deslegitimación del gobierno de Jair Bolsonaro.
De acuerdo a lo que informó O Globo, Lula planea viajar por todo el país e intentar fortalecer la oposición al gobierno. También tiene pensada una gira internacional para reunirse con personalidades que se han pronunciado en contra de su arresto.
Sin embargo, el primer acto del líder del Partido de los Trabajadores tras ser liberado, será en Curitiba, frente a la Policía Federal. El ex presidente quiere rendir homenaje a los seguidores que permanecieron en el lugar durante un año y siete meses. La expectativa es que también habrá un mitin en San Pablo o Sao Bernardo do Campo.
“Cuando se vaya de aquí, quiere hacer una gran declaración a la nación”, dijo Joao Paulo Rodrigues, de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), después de visitar al ex jefe de Estado en su celda en la Policía Federal ayer por la tarde.
La recuperación de la imagen del Partido de los Trabajadores, manchada por los escándalos de corrupción, tendrá lugar, en opinión de los líderes del partido, gradualmente, impulsada por el desgaste de Bolsonaro. En la estrategia descrita, Lula puede aumentar este sentimiento al enfatizar en sus discursos las consecuencias para la población de las medidas que se están adoptando, especialmente en el área económica.
Un antiguo aliado suyo, afirma O Globo sin dar su nombre, destaca la “capacidad de Lula de explicar un tema complejo”. Este mismo aliado apuesta a que Lula evitará meterse en problemas con el actual presidente. Estos enfrentamientos podrían alimentar el “antipetismo” y promover una concentración del campo político de Bolsonaro, que se ha estado dividiendo desde el comienzo de su mandato.
Los abogados de Lula informaron que reiterarán ante la máxima corte del país el pedido de hábeas corpus con el fin de anular el proceso contra Lula. De acuerdo con la defensa, el ex jefe de Estado está encarcelado desde hace 579 días “injustamente” y de forma “incompatible” con la ley.
El Partido de los Trabajadores, formación liderada por el ex presidente brasileño, celebró la decisión del Tribunal Supremo, que por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5 alteró una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.
“La decisión del STF es muy importante para fortalecer la democracia y la Constitución, en el momento en que son amenazadas por el Gobierno de extrema derecha en Brasil”, señaló la presidente de la formación, Gleisi Hoffmann.
De acuerdo con Hoffmann, la decisión del tribunal “reconoce”, después de 1 año y 7 meses, que el ex presidente “fue preso durante todo ese periodo de forma ilegal, por una decisión política”.
“Esa crueldad termina aquí, pero seguiremos luchando por la verdadera justicia, que solo vendrá cuando sea anulada la sentencia ilegal de Sergio Moro”, el magistrado que le condenó en primera instancia y actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
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