
El Gobierno de Paraguay insistirá en que Interpol aplique el código rojo a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, requeridos por la Justicia por un presunto secuestro en 2001, y desde este 9 de octubre refugiados en Finlandia.
El comandante de la Policía, Francisco Resquín, aseguró que Paraguay hará una protesta formal a la sede central de Interpol porque ni siquiera avisó ni dio participación al momento de levantar el “código” rojo a los tres prófugos. “El pedido se hizo como corresponde desde Paraguay. En Interpol hay gente muy preparada que maneja correctamente lo que es Interpol. No son gente nueva, tienen años de experiencia”, indicó Resquín.
El bloqueo de esta notificación, que permite a las fuerzas del orden de todo el mundo detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar, facilitó que los tres hombres pudieran huir a Uruguay desde Brasil, donde estuvieron desde 2002 con estatuto de refugiados. Además, pudieron movilizarse hasta Finlandia y evitar así los intentos de extradición por parte de Paraguay.
El procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, recalcó que el Estado paraguayo solicitó la activación del código rojo “permanentemente” durante todo este tiempo, a pesar de que la central de la Interpol, ubicada en Lyon (Francia), desatendió sus peticiones.
"Interpol pierde credibilidad”
Paraguay acusó a Interpol de haber perdido “credibilidad” con este caso, según un comunicado leído por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Enrique Insfrán, en sustitución del canciller Antonio Rivas, quien supervisó e instruyó las acciones desde Italia, donde se encuentra de visita oficial.
Coscia insistió en que a Paraguay le llama “poderosamente la atención” la actitud de la Interpol, pese a la documentación aportada por el país, entre las que se encuentra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que se absuelve a Paraguay, por falta de pruebas, de las supuestas acusaciones de tortura a Arrom y Martí.
De Paraguay hasta Finlandia con la ayuda de Acnur
Ambos llevaron a Paraguay ante la CorteIDH por haber sido sometidos a supuestas torturas por parte del Estado paraguayo antes de responder ante la justicia por el secuestro de María Edith Bordón, nuera de un ex ministro de Hacienda y liberada en 2002 tras el pago de una suma de dinero. Después de eso, los tres huyeron a Brasil, donde obtuvieron el estatus de refugiados que se les mantuvo hasta este año, tras conocerse el fallo de la CorteIDH.
Arrom, Martí y Colmán lograron llegar este miércoles 9 de octubre a Finlandia gracias al bloqueo de ese código rojo y al respaldo de las autoridades del país europeo, de Uruguay y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Arrom y Colmán cuentan con documentación finlandesa, mientras que Martí posee una acreditación de Acnur, que les permitió hacer escala en España y después volar hasta Helsinki, según la información proporcionada por Coscia en rueda de prensa.

Abogan por no politizar el papel de Uruguay
El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, dijo este jueves que confía en que la postura de ese país de otorgar refugio político a tres activistas de izquierda reclamados por la Justicia paraguaya no sea “politizada ni ideologizada”, después de que la medida sirviera para que Finlandia les diera cobijo esta semana.
Tras dos meses en Uruguay, los paraguayos Arrom, Martí y Colmán llegaron el miércoles a Helsinki gracias a una decisión de una jueza uruguaya y a la intercesión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Los tres están requeridos por la justicia paraguaya por su presunta participación en el secuestro de María Edith Bordón.
Benítez fue llamado a consultas por su Gobierno para explicar esa medida, que calificó de “dolorosa” para los paraguayos. Recalcó además que Paraguay desconoció la situación de los tres hombres hasta la noche del martes, ya que el proceso de concesión de refugio es confidencial en Uruguay.
El embajador aseguró que había agotado todas las vías diplomáticas para informar a las autoridades uruguayas de lo que Paraguay considera “un tema de criminalidad común”, y llegó a reunirse con la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky. “Ella es senadora, presidenta de la Asamblea y vicepresidenta. Me decía que Uruguay tiene una larga tradición de hospitalidad en conceder esta tipo de situaciones, pero que Uruguay no es refugio de criminales, como dándome a entender que se entendía que esto no tenia un sesgo político, mucho menos ideológico”, comentó Benítez.
El embajador insistió en que Paraguay y Uruguay mantienen sus relaciones diplomáticas, que siempre han sido “inmejorables”.
La actuación de Uruguay provocó un enorme descontento entre las autoridades paraguayas, que esta vez veían posible la extradición de los tres hombres, después de que el pasado julio escaparan de Brasil, donde les acababan de retirar el refugio político tras 17 años de residencia.
Supuso además un revés después de que Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) absolviera al Estado paraguayo, por falta de pruebas, de la demanda por torturas presentada por Arrom y Martí. En enero de 2002, ambos denunciaron haber sido secuestrados y torturados durante catorce días por agentes vinculados con los cuerpos de seguridad del Estado para que admitieran su responsabilidad en el secuestro de Bordón.
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