ELN levantó el bloqueo armado en Chocó: “Queda hambre, enfermos y miedo”

Desde el 17 de marzo de 2026, el municipio de Bajo Baudó, en Chocó, enfrentó un bloqueo armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), situación rechazada por la Gobernación del departamento y que motivó al Ministerio de Defensa a anunciar una recompensa de $1.000 millones por alias Genaro, señalado como responsable del confinamiento.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que el grupo armado anunció el levantamiento de la medida.

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“El ELN ha anunciado el levantamiento del constreñimiento armado sobre las comunidades de los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa en el sur del municipio de Bajo Baudó partir del día de hoy 23 de marzo”, indicó la funcionaria en su cuenta oficial de X.

La gobernadora señaló que durante los días de paro, cerca de 6.000 personas sufrieron afectaciones en sus derechos fundamentales.

Recordó la ayuda humanitaria que brindó a los habitantes de Bajo Baudó y el consejo de seguridad que se realizó en el territorio.

“Durante casi 8 días de la restricción más de 6.000 personas han estado en total confinamiento con afectación de sus derechos fundamentales. Personalmente hice presencia en el Bajo Baudó llevando 10 toneladas de alimentos para las familias afectadas y presidiendo consejo de seguridad en el territorio”, expresó.

Nubia Carolina Córdoba rechazó de manera categórica los señalamientos y calumnias del grupo armado en su contra y explicó que continuará afrontando la crisis que atraviesan diferentes zonas del departamento.

“Rechazo categóricamente los señalamientos y calumnias del ELN que solo tienen lugar en mi permanente denuncia de las afectaciones a derechos que esto genera en los ciudadanos. Es mi deber constitucional como gobernadora hacerle frente a la permanente crisis que genera la disputa territorial armada de cuenta de todos los grupos en el departamento. Esa tarea continuará con la misma vehemencia”, afirmó la funcionaria.

El alcalde del municipio, Faustino Murillo Ramírez, aseguró en La FM que el levantamiento del bloqueo armado se produjo a la medianoche del domingo 22 de marzo de 2026.

Murillo Ramírez señaló que el confinamiento realizado por ELN deja “hambre, enfermos, desesperanza, miedo”.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta oficial de X, también confirmó el levantamiento del paro armado por el ELN en el Chocó.

La entidad hizo un llamado a los grupos armados a “cesar” con este tipo de prácticas, que, según la Defensoría, se ha vuelto recurrente.

“Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes. Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades”, expresó.

La Defensoría del Pueblo aseguró que el territorio no le pertenece al ELN, sino que hace parte de las comunidades, especialmente a los pueblos étnicos.

“El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad”, afirmó.

La entidad afirmó que pese a que el bloqueo armado fue levantado, la comunidad de Bajo Baudó sigue con miedo, debido a las confrontaciones y presiones del ELN y el Clan del Golfo.

“Aunque el paro ha sido levantado, las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo. Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, señaló.

Así las cosas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN para dejar a un lado la “estigmatización” de las autoridades que protegen el departamento del Chocó.

“Finalmente, instamos al ELN a cesar la estigmatización de las autoridades públicas, establecidas por la institucionalidad democrática para proteger y garantizar los derechos de la población. Estas autoridades cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados, que en muchos casos impide el funcionamiento mínimo de las instituciones”, indicó la entidad.