La Justicia brasileña ordenó este miércoles la transferencia del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por corrupción y lavado de dinero, a un "establecimiento" de San Pablo, aunque el mismo todavía no fue definido.
Lula da Silva (2003-2010) se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama del Lava Jato.
En el auto, la magistrada Carolina Lebbos subrayó "la plena pertinencia de la transferencia" para San Pablo y recordó que "no hay razones" para mantener el cumplimiento de la pena "en un lugar distante del núcleo familiar y social".
La transferencia fue solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido al encarcelamiento de Lula da Silva, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma "permanente" para evitar enfrentamientos entre "grupos antagónicos".
La defensa del ex presidente, sin embargo, solicitó que cualquier decisión judicial aguarde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un hábeas corpus solicitado por los abogados, según dijeron a EFE fuentes del Instituto Lula.
Agregó que el ex presidente es "víctima de una intensa humillación", al rechazar los términos de la decisión judicial.
"Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia", señaló en una nota el abogado Cristiano Zanin Martins, que adelantó que recurrirán la decisión tomada por una jueza de la ciudad de Curitiba, donde el exmandatario cumple una pena de 8 años y 10 meses de cárcel.
El letrado informó que "tomará todas las medidas necesarias" con el objetivo de "restablecer la libertad plena" del ex jefe de Estado (2003-2010) y "asegurar sus derechos", recogidos en la ley y en la Constitución brasileña.
También pidieron que, en caso de que se aprobara su transferencia, como así ha ocurrido, se reubicara al antiguo dirigente sindical en una "Sala de Estado Mayor" de una unidad militar, la cual cuenta con condiciones especiales.
Sin embargo, la magistrada que autorizó su transferencia no acogió esa solicitud y únicamente determinó su traslado a un "establecimiento" penitenciario de San Pablo, sin definir en qué condiciones o en cuál.
Para la defensa, esa negativa va en contra de la jurisprudencia y viola los derechos de Lula Silva por su condición de haber sido jefe de Estado brasileño.
El ex mandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de dar por comprobado que Lula da Silva recibió un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula da Silva ya pesa otra condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Desde que fue encarcelado, Lula da Silva permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de ex presidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
El antiguo líder sindical, acorralado por diversas causas judiciales, se dice víctima de una persecución judicial que tiene como objetivo apartarle del escenario político, y que lo dejó fuera de las elecciones presidenciales de octubre pasado, las cuales ganó Jair Bolsonaro.
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