La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del régimen de Nicaragua en las negociaciones para salir de la crisis local, señaló este viernes al presidente Daniel Ortega de preparar una "reforma electoral cosmética", para permanecer en el poder después de 2021.
La Alianza hizo el señalamiento cuando llamó a los diversos sectores de oposición a "rechazar los intentos" de Ortega, "de querer imponer una reforma electoral cosmética, prebendaria y excluyente que facilite la continuidad del régimen en el poder".
El 19 de julio pasado Ortega, además de cerrar las puertas al diálogo, afirmó que haría reformas a la Ley Electoral, pero dejó claro que únicamente dialogará con sus aliados, y que no adelantará los comicios programados para 2021, en los que buscaría su cuarto periodo consecutivo de cinco años cada uno.
"La unilateralidad y los intentos de reformas con actores cuestionados por la sociedad nicaragüense, y fuera de la mesa de negociación, no pueden generar la confianza y la credibilidad necesaria" para futuras elecciones, aclaró la Alianza, que goza del respaldo de la comunidad internacional como contraparte del Gobierno.
La Alianza destacó que el objetivo de Ortega, de mantenerse en el poder, explica por qué se negó a retomar las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, tal como lo mandó la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 28 de junio pasado.
"Ortega no solo continúa ignorando la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses para una salida pacífica, cívica, negociada y democrática, sino también confronta a la comunidad internacional, incluida la misma OEA", añadió la Alianza.
Este mismo viernes la también opositora Unidad Nacional Azul y Blanco afirmó que Ortega, a quien llamó "dictador", tiene como objetivo "mantenerse en el poder a costa de la muerte de quien se oponga y de la destrucción de la economía nacional".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha advertido que el régimen de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis, que inició en abril de 2018 con un estallido social que exige su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según la CIDH, la crisis ha dejado unos 326 muertos, aunque organismos locales suman 594, y el Gobierno reconoce 200.
Un proceso de aplicación de la Carta Democrática está en proceso contra Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse le suspendería de la OEA.
Con información de EFE
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