Ecuador: arrestaron a dos ex funcionarios de Rafael Correa por corrupción

En su perfil de Twitter, la Fiscalía señaló que los dos ex funcionarios fueron retenidos "con fines investigativos en el marco de las pesquisas que la fiscal general lidera por presunto delito de concusión", que la prensa local ha vinculado con el caso denominado "Arroz verde". Sin embargo, la Fiscalía ha negado tajantemente la vinculación con ese caso.

"En el marco de una nueva investigación, diferente a la denominada 'Arroz Verde', la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional lideraron un operativo por un presunto delito de concusión, por el cual se están desarrollando varias diligencias investigativas", puntualizó en el comunicado.

Añadió que "resultado de ello, en horas de la mañana de este viernes 31 de mayo, fueron detenidos en la ciudad de Guayaquil, los ex funcionarios públicos Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte" y ofreció más detalles "para las próximas horas".

En el caso denominado "Arroz Verde" se indaga una presunta financiación irregular al movimiento político Alianza País, cuando era liderado por Correa, y que implica, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.

Pamela Martínez, ex asesora de Correa y ex jueza de la Corte Constitucional, así como Laura Terán, ex asistente administrativa de la Presidencia de Correa y exfuncionaria de la Corte, están en prisión preventiva desde principios de mes para rendir indagaciones por el caso abierto a raíz de una investigación periodística.

Por ese caso, la Fiscalía se incautó el pasado martes en la Corte Constitucional de los equipos electrónicos que fueron utilizados por las dos procesadas.

Se trató de dos CPU, un teléfono celular, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles, equipos de los que estuvieron a cargo de Martínez y Terán.

La investigación periodística del portal "Mil hojas" menciona aparentes aportes por 11,6 millones de dólares recibidos, de un total de 14,1 millones de dólares proyectados, bajo un supuesto sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y trasnacionales, contratistas del Estado y "a los más altos representantes de Alianza País".

En el caso, la Fiscalía mantiene una investigación previa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.

Con información de EFE