El pasado 9 de enero, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) señaló que desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzaron las protestas contra Daniel Ortega, la represión del régimen sandinista dejó 561 muertos, 4.578 heridos y 1.336 ciudadanos secuestrados. La brutal respuesta de las fuerzas de seguridad a las movilizaciones pacíficas contó con el apoyo de grupo paramilitares, más conocidos como "turbas".
Una investigación de Bellingcat -portal dedicado a cubrir conflictos armados, zonas de guerra y abusos contra los derechos humanos, entre otros temas- refleja la sangrienta participación que tuvieron -y siguen teniendo- los paramilitares nicaragüenses.
Giancarlo Fiorella, autor de la investigación, incluso estableció una comparación con los colectivos chavistas, el grupo armado venezolano que actúa contra la población civil en defensa del dictador Nicolás Maduro.
Este video muestra cómo los paramilitares usan radios comunicadores similares a los de las fuerzas de seguridad
"Como punto de comparación, el nivel de cooperación de paramilitares y la Policía es más alto que en Venezuela. En Venezuela, los colectivos chavistas no tienen este tipo de armamentos, y no se ve con claridad que colaboren cercanamente con la Policía", explicó durante una entrevista con el programa Esta Noche.
A raíz de pruebas videográficas y fotográficas, Bellingcat identificó un amplio arsenal de fusiles de guerra utilizados por las turbas sandinistas: AK-47, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, y rifles M16. También han tenido acceso a fusiles Remington 700, pistola Jericho 941, y cargadores de balas de tambor modelos soviéticos con capacidad de hasta 75 balas.
"Las armas son del mismo calibre. Normalmente, en Venezuela solo tienen pistolas. Hay casos de armas más grandes, pero no como lo he visto en Nicaragua", indicó Fiorella.
El venezolano detalló que las imágenes analizadas para la investigación revelan que los paramilitares nicaragüenses también han utilizado radio comunicadores marca MOTOTRBO (como la series DP4800, XPR 7000 y Tait TP8100). Explicó, en tanto, que "existe evidencia que sugiere que la unidad TAPIR de la Policía Nacional ha usado radios similares en el pasado".
TAPIR es la unidad de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR) que, según el informe de Bellingcat, también estuvo involucrada en la masacre que acabó con la vida de más de 500 personas.
"Podemos decir que los paramilitares, probablemente, compartieron armas con las fuerzas policiales del Estado de Nicaragua", apuntó Fiorella, quien recordó que el jefe de la Policía sostuvo que muchos de ellos eran policías que estaban en operaciones ocultas.
El reporte de Bellingcat recordó la entrevista que brindó Francisco Díaz, jefe de la Policía nicaragüense, al diario noruego Dagbladet. En el reportaje, el consuegro de Daniel Ortega, a quien Estados Unidos sancionó por violación a los derechos humanos, aseguró que los paramilitares en verdad eran en su mayoría policías realizando operaciones encubiertas. Otros, en cambio, eran "policías voluntarios".
En Venezuela, los colectivos chavistas "tienen una proporción mayor de civiles o de individuos que no tienen ninguna conexión con el Estado".
Para dejar al descubierto la sangrienta represión del régimen sandinista durante los últimos diez meses, la investigación se centró en dos de los episodios más brutales: el ataque de paramilitares a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en Managua, y a la iglesia de la Divina Misericordia el 13 de julio, y la toma de Masaya el 17 y 18 de julio.
Un video que se divulgó después de ese 13 de julio, muestra a uno de los paramilitares armado y utilizando radios similares a los de la unidad TAPIR, durante la masacre a los estudiantes de la UNAN.
Otro aspecto que remarcó Fiorella para comparar la brutalidad de las turbas sandinistas con los colectivos chavistas es el número de víctimas. Durante las protestas de 2017 que se extendieron durante casi seis meses en Venezuela, la cifra de muertos fue superior a los 150. En Nicaragua, en tanto, en los últimos diez meses, el índice supera las 500 víctimas.
El autor de la investigación subrayó, en tanto, que los resultados de su trabajo coinciden con gran parte de las denuncias que han realizado Amnistía Internacional (AI) y el Grupo de Expertos Independientes Internacionales (GIEI).
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