El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Marco Aurelio Mello, determinó la liberación de forma cautelar de todos los presos condenados en segunda instancia.
La decisión del juez Marco Aurelio Mello se apoya en un artículo 283 del Código de Proceso Penal, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún le restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello pudiera beneficiarlo, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.
La medida tiene efecto inmediato pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos, precisó el juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF).
En su decisión, el magistrado estableció como única excepción los casos de las personas que están en prisión preventiva, regulada por otro artículo y dictada cuando es necesario dar "garantías para el orden público, económico o conveniencia" del proceso judicial.
La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inicia un receso hasta el próximo mes de febrero.
Esta misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Dias Tóffoli, había anunciado que una vez concluido el receso será discutida una decisión que el tribunal adoptó en 2016 y permitió la ejecución de una pena a prisión después de que fuera confirmada la sentencia en segunda instancia.
Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que "la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario", que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.
Según el magistrado, "el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales".
El Partido de los Trabajadores anunció que ya solicitó la inmediata liberación del ex presidente. "Acabamos de presentar un recurso solicitando el permiso de liberación de Lula", anunció la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann, en un mensaje en su cuenta en Twitter.
La dirigente de la formación socialista agregó que, para acelerar aún más la posible liberación del ex jefe de Estado, el PT renuncia al derecho que Lula tiene de ser sometido a un examen de cuerpo de delito antes de ser excarcelado.
La petición de liberación fue presentada por el abogado del exmandatario, Cristiano Zanin, ante el foro de Justicia de Curitiba, la ciudad del sur de Brasil en donde el expresidente está encarcelado desde el 7 de abril para cumplir la pena de 12 años a que fue condenado y que ya fue confirmada en segunda instancia.
"Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte", alegaron los abogados del líder socialista en su petición, presentada pocos minutos después de que se conociera la cautelar del tribunal.
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