
Diversos medios de comunicación y las propias víctimas por la situación denunciaron la existencia de un "cartel de ambulancias" en Colombia, que reciben pagos por parte de hospitales para llevar a los heridos por accidentes de tránsito, sin importar que haya otros establecimientos más cercanos al lugar del infortunio.
Los conductores y paramédicos involucrados deciden su ruta después de revisar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de los afectados, para asegurarse el beneficio de las clínicas de destino, que pagan entre 60.000 y 70.000 pesos colombianos (entre 20 y 23 dólares) por cada traslado.
¿Un negocio que pone en riesgo la vida de los pacientes? No se pierda mañana, completo informe de @juangmercado pic.twitter.com/nD3inf1s4q
— Séptimo Día (@SeptimoDiaTV) 30 de julio de 2016
Fredis Palencia es uno de los más afectados por este delito. Laura Milena, su hija, sufrió un accidente en Barranquilla, pero la ambulancia que la atendió optó por cruzar la ciudad de sur a norte y manejar 45 minutos para llegar a la Clínica Jaller, en lugar de internarla en la Clínica Universidad del Norte, muy cercana al lugar donde fue arollada. Una hora después, murió por los múltiples traumas y la tardía atención especializada.
Minutos que salvan vidas: #SéptimoDía se metió en la pelea de ambulancias. Este domingo después de @InformantesTV pic.twitter.com/Sah4xLxGjO
— Séptimo Día (@SeptimoDiaTV) 27 de julio de 2016
El programa Séptimo Día, del canal Caracol, informó que detectó también víctimas en Bogotá, Cali, Buga y Pereira. Según declaró al noticiero el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, es un delito: "Están poniendo en riesgo la vida del paciente porque en un accidente de tránsito prima la vida del paciente y por este tipo de incentivos fuera de la ley y antiéticos se está jugando con la vida de las personas".
Su oficina actualmente tiene bajo la mira a 54 clínicas del país como parte de una investigación por fraude al sistema del SOAT, por sobrecostos, sobrefacturación, montajes de accidentes, entre otros.
Recientemente, el secretario de salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, informó que ha sido víctima de amenazas por intentar acabar con unos contratos de ambulancias, luego de hallar sobrecostos. El acuerdo fue firmado durante la gestión de Samuel Moreno Rojas, condenado en marzo a 18 años de cárcel por su participación en un escándalo de corrupción.
Morales, a su vez, destacó en entrevista con la revista Semana que en Bogotá hay 660 ambulancias lo que significa una por cada 12.500 personas. Dicha cifra es el doble de lo recomendado: la Organización Mundial de la Salud sugiere un móvil por cada 25.000 habitantes.
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