
Nuevos frentes de conflicto se están abriendo en Bolivia para el presidente Luis Arce. Este martes en Santa Cruz una marcha organizada por varios sectores, entre ellos gremiales, transportistas, universitarios y cívicos, tomaron el centro de la ciudad y exigieron acciones. En La Paz una marcha de la poderosa organización indígena del altiplano Ponchos Rojos fue reprimida con gases lacrimógenos y terminó nueve heridos, según el reporte del Ministerio de Gobierno.
Las demandas están relacionadas a la crisis económica que atraviesa el país, marcada principalmente por la escasez de dólares y los desabastecimientos periódicos de combustible que el Estado subvenciona y que cada vez le cuesta más pagar. Bolivia importa el 86% del diésel y el 50% de la gasolina que consume, y desde hace algunos meses han habido carestias de diésel provocando protestas del sector del transporte y largas filas en las estaciones de servicio.
A estas carencias se sumó la molestia por los resultados del Censo de Población y Vivienda que fueron presentados el 29 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de población es importante porque tiene implicaciones en lo económico y lo político: en base a la cantidad de gente se distribuyen los recursos de coparticipación tributaria y la representación legislativa de las regiones.
El Censo reveló que en Bolivia viven 11,3 millones de personas, un millón menos de lo proyectado por el INE, y que en el departamento de Santa Cruz viven tres millones de personas, lejos de los cuatro millones que calculó un estudio realizado por la Gobernación cruceña que, si bien no tiene fines más que simbólicos y referenciales, generó expectativas en la población por una mayor representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y mayores ingresos.

Ante las protestas, el INE dijo estar dispuesto a abrir los datos del Censo para una revisión técnica en la que todas regiones puedan resolver sus dudas. “Los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 están abiertos para que, en presencia de organismos internacionales especializados, puedan revisarse de manera técnica y transparente y permitan, nuevamente, demostrarle al país la seriedad e idoneidad de los datos”, se lee un comunicado oficial.
El martes, el Comité Cívico de Santa Cruz convocó a una asamblea para determinar nuevas acciones.
Enfrentamiento entre la Policía e indígenas del altiplano
La organización Ponchos Rojos es una de las más poderosas y representativas del altiplano boliviano. Ayer protagonizaron una masiva marcha junto con la Federación de Trabajadores Campesinos ‘Tupac Katari’ para “recuperar” su sede en la zona de San Pedro, en La Paz, que supuestamente fue tomada por un sector de la organización campesina que es afín al Gobierno de Luis Arce y exigen la renuncia del presidente.
Al llegar a la zona de San Pedro, los manifestantes se encontraron con una valla de metal y un cerco policial para impedir su paso al que atacaron lanzando piedras y botellas. Los oficiales respondieron con gases lacrimógenos y balines, según los reportes de la prensa paceña.

La Policía, al verse rebasada, tuvo que solicitar refuerzos y llegaron miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) para controlar la revuelta. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo informó que siete policías y dos civiles fueron heridos en el enfrentamiento.
Este conflicto también avivó la pelea interna del Movimiento Al Socialismo. El expresidente Evo Morales tuiteó que “la sede sindical no es un puesto policial” y pidió respeto a los movimientos indígenas y sociales.
En medio de las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que apueste al diálogo con los sectores en protesta, para evitar la violencia y encontrar soluciones pacíficas.
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