Hijos del empresario preso por estafa de Conexión Ganadera en Uruguay se quejan por embargos: “No podemos ir al cine”

El empresario Pablo Carrasco, preso a la espera de un juicio por estafa y lavado de activos en Uruguay, es una de las caras visibles de los reclamos de los damnificados de Conexión Ganadera, el fondo pecuario uruguayo que tenía el funcionamiento de un esquema Ponzi y esfumó el dinero de unos 4.000 ahorristas. Sus cuentas y las de su familia están embargadas y ahora son sus hijos los que recurren a la Justicia porque dicen no tener dinero para cosas básicas, “como una entrada al cine”.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso, el otro director que se suicidó en un accidente de tránsito justo antes de que se supieran los números rojos de la empresa.

Según informó El Observador, Carrasco solicitó en la justicia concursal que se levante su embargo y que caduquen todas las medidas cautelares impuestas en su contra. Lo mismo pidieron sus cinco hijos, que se presentaron en nombre de la sociedad anónima Muralir, de la que figuraban como accionistas.

El argumento de Carrasco es que pudo haber actuado con “negligencia” por la omisión de controles pero aseguró que nunca tuvo control bancario, financiero ni económico de Conexión Ganadera. Señala que quienes se encargaban “de hecho” eran las personas vinculadas a un escritorio rural que tenía Basso.

“Se ha probado además que, incluso después del fallecimiento, fueron utilizadas cuentas personales de personas allegadas a Gustavo Basso (no administradoras de la sociedad), con el argumento de evitar la restricción que implicaba el bloque de las cuentas del causante”, expresó Carrasco a través de un escrito presentado a la Justicia e informado por El Observador.

“Soy plenamente consciente del alcance de los efectos no deseados que arrojó la suerte de la empresa, que involuntariamente se ha provocado daños a múltiples familias. Es claro que me encuentro afrontando y respondiendo por ello (con mi prisión y la de mi esposa)”, expresa el imputado.

Guadalupe y Baltasar Carrasco, los hijos del matrimonio Carrasco-Iewdiukow, pretenden también que les levanten sus embargos. Su defensa argumenta que no existe argumento para hacerlo dado que se trata de jóvenes profesionales o estudiantes, que nunca intervinieron en el giro social de Conexión Ganadera, como tampoco en su administración o en sus finanzas.

Los jóvenes aseguran que no conocían el estado de insolvencia de Conexión Ganadera y marcan que ni siquiera inversores experimentados lo habían detectado.

El embargo fue por USD 250 millones.

Los hijos del imputado señalan que estas medidas afectan el patrimonio de ellos y su “propia vida”: “Nos irrogan perjuicios irremediables por cuestiones ajenas completamente a los comparecientes”.

“No solo nos inhibe de bienes genéricamente, sino de nuestra propia vida. Se nos impide el acceso a una cuenta bancaria, que resulta no solo necesaria sino indispensable para requerimientos básicos como comprar una entrada al cine al día de hoy, efectos que se agravan con el transcurso de casi un año desde que se efectivizaran sin que se nos diera vista”, señalan.

Mientras tanto, los afectados por la megaestafa en Uruguay tienen la oferta de cobrar USD 35 millones en 60 días, lo que les dejaría un porcentaje menor a cada uno;