Uruguay: tras la aprobación de la eutanasia, la Iglesia advierte que los médicos no tienen “todas las garantías”

Con aportes del hijo del expresidente Tabaré Vázquez, la institución volvió a criticar el proyecto de ley aprobado: alerta que los profesionales pueden terminar en prisión

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Casi un mes después de que se aprobara el proyecto de ley de eutanasia en Uruguay, los obispos de la Iglesia Católica de Uruguay se juntaron para analizar la coyuntura de la institución del el país. Y la legalización de ese proceso médico fue uno de los temas inevitables. Durante la discusión en el Parlamento, la de la iglesia había sido una de las voces críticas del debate.

En octubre, el Senado le dio la aprobación definitiva a la eutanasia y sobre fin de ese mes el presidente Yamandú Orsi promulgó la ley. El mandatario otorgó 180 días para reglamentar la aplicación.

Y, mientras el tema dejó de dominar la agenda pública, los obispos católicos continuaron con las alertas por esta situación. Según informó el semanario Búsqueda, en una asamblea plenaria que tuvo lugar en la segunda semana de noviembre, los líderes católicos uruguayos discutieron sobre la ley recientemente aprobada con la presencia como invitado de Álvaro Vázquez Delgado, el hijo mayor del fallecido ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez. Al igual que su padre, él es médico pero también católico y licenciado en Teología.

Álvaro Vázquez, el hijo del
Álvaro Vázquez, el hijo del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez (Presidencia)

La Conferencia Episcopal del Uruguay afirmó en un comunicado que Vázquez “hizo un clarificador aporte sobre las consecuencias de la ley”. “A los obispos les preocupa especialmente la indefensión a la que la ley expone al personal de la salud. Se espera que la reglamentación considere esos aspectos y la libertad de conciencia de todas las personas que queden involucradas”, señala el comunicado de los nueve obispos uruguayos.

Vázquez Delgado declaró a Búsqueda que el “principal objetivo” de su disertación ante los obispos fue “esclarecer ciertos términos” porque considera que hay una “gran confusión” y, en muchas ocasiones, se le denomina eutanasia a algo que no necesariamente es.

“Durante todo este tiempo no quedó claro que no todo se regula con la eutanasia, sino que el camino natural va por la medicina paliativa y que la mayoría de la gente opta por ese camino natural. Es el proceso final natural de toda persona, que intenta sortear los sufrimientos hasta el final de la vida, convirtiéndolos en algo soportable. Sin embargo, no todos conocen esta otra parte porque es una parte de la discusión que no se ha tenido muy en cuenta”, señaló.

El proyecto de ley "muerte
El proyecto de ley "muerte digna" regula la eutanasia en Uruguay (@DiputadosUY)

Vázquez Delgado tiene 59 años, está especializado en mastología y es gerente general de una clínica dedicada a la oncología radio terapéutica que fue fundada por su padre. Aseguró que, en todos los años de profesión, nunca ningún paciente le pidió la eutanasia.

Entre otros puntos de la la ley, el médico cuestiona que, a diferencia del resto de las decisiones médicas importantes, para la eutanasia no se exige que haya un “ateneo médico”.

“No es lógico que la decisión de provocar una muerte sea mediante un mano a mano entre el médico actuante y el paciente. Debe ser una discusión de varios especialistas y no solo del médico actuante: el especialista de la patología, un psiquiatra, un abogado, un escribano… Porque si después que se murió el paciente, si el ministerio decide que no estuvo bien hecho el proceso, pasan al médico a Fiscalía y puede ir a prisión. Esto a los obispos les llamó la atención. Entonces, en ese sentido creo que la ley es floja porque no le da al médico todas las garantías del caso”, explicó Vázquez Delgado al medio uruguayo.

La Iglesia Católica tuvo una de las voces más críticas del proyecto de eutanasia en Uruguay

Se refiere a que uno de los ocho pasos de la eutanasia, que se da cuando el paciente ya falleció, es la comunicación al Ministerio de Salud Pública (MSP). El médico actuante debe remitir una copia de la historia clínica del paciente y demás antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la ley. Si el MSP entiende que hubo un apartamiento grave del procedimiento legal, se lo comunicará a la Fiscalía.

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