El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que ni él ni su partido tienen planes de pedir asilo político para evadir las investigaciones que enfrenta por diferentes delitos contra la administración pública.
El ex gobernador de Junín utilizó su cuenta de Twitter para indicar que colaborará con las diligencias que se lleven a cabo.
Sin embargo, su abogado, Raúl Noblecilla, había dicho previamente que no descartaba pedir asilo político para su defendido si continúa lo que para él era una “persecución” contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Raúl Noblecilla indicó que están colaborando con las investigaciones en las que está implicado su patrocinado. “Si eventualmente se tiene una suerte de persecución total por agentes extraños al mismo, es justo que se pueda pensar en un remedio como lo es el asilo político”, señaló a RPP.
El abogado de Vladimir Cerrón aseguró además que existe una “presión mediática” en el caso de Vladimir Cerrón que “no se puede tolerar”.
Al asilo es una posibilidad para Perú Libre
Por otro lado, los congresistas de Perú Libre Jaime Quito y Silvana Robles (vocera alterna) manifestaron que Vladimir Cerrón tendría la opción de evaluar un asilo político.
“De requerirlo, tendría que ser un asilado político. Hasta ahora no se han encontrado pruebas [en su contra] y, sin embargo, en tiempo récord se ha realizado una intervención al local partidario”, dijo Silvana Robles, según cita el diario El Comercio.
En tanto, Jaime Quito dijo, según el mismo medio, que: “Los dirigentes de Perú Libre sufren una satanización permanente. [...] [Solicitar asilo] es una evaluación, un análisis que hacen los abogados respecto a la persecución política”.
Denuncias contra Vladimir Cerrón
La fiscal anticorrupción de Junín Mary Huamán pidió que se imponga una condena de 16 años de cárcel al líder y fundador del partido gobernante Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de colusión agravada cuando fue gobernador de la región central de Junín (2011-2014).
La medida fue solicitada el pasado 27 de agosto, ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo. En la petición, la fiscal acusó a Cerrón de haberse coludido con representantes de un consorcio privado para entregar, a fines de diciembre de 2014, el proyecto de construcción y mejoramiento de un hospital, planificado con una inversión de más de 150 millones de soles.
El contrato para la construcción del hospital El Carmen, de Huancayo, fue firmado el 19 de diciembre de 2014, dos semanas antes de que concluyera la primera gestión de Cerrón, quien volvió a ser gobernador de esa región en 2018, pero fue suspendido del cargo al año siguiente tras ser condenado a 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.
Además, el último fin de semana, la Procuraduría Anticorrupción de Junín presentó una denuncia penal contra el líder del partido Perú Libre, por presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad peculado y colusión. La denuncia penal también incluye al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela, y al suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Zárate, por la presunta comisión de los mismos delitos.
La denuncia se basa en la escolta brindada por la Policía a Cerrón por orden de Zárate pese a no ejercer ningún cargo público que lo justifique.
(Con información de Europa Press, El Comercio y RPP)
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