
El ministro del Interior de la presidente interina Jeanine Añez, Arturo Murillo, anunció hoy que se dictó una orden de arresto contra Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Evo Morales durante la mayor parte de sus años como jefe de Estado boliviano.
Murillo publicó en sus redes sociales el documento en el que se acusa formalmente a Quintana de los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y financiamiento del terrorismo.
La orden fue firmada por los fiscales de delitos especiales de La Paz, Sarina Guardia y Roberto Villa. “Dispone la orden a la autoridad no impedida por ley, aprehenda en días y horas hábiles y/o extraordinarias para que conduzca respetando sus derechos constitucionales al ciudadano”, indica un pasaje del documento.

Murillo fue designado en su puesto el 13 de noviembre, junto a los otros ministros del gabinete. Y en una de sus primeras declaraciones oficiales, advirtió desde el Palacio Quemado que "todos aquellos que están en sedición van a ir a la cárcel”.
El ex senador de Unidad Demócrata, el partido de Áñez, cargó sobre todo contra Quintana, a quien acusó de ser el culpable de la violencia desatada en el país en las últimas semanas. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, advirtió.
Para fundamentar su acusación, Murillo remitió a una entrevista que Quintana concedió en octubre -luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre que desencadenaron la crisis- al medio ruso Sputnik.
De aquel diálogo resaltó una frase: “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno”. Y, en base a ella, aseguró: "(Las declaraciones) demuestran que el plan siempre fue y es el de derramar sangre y muerte entre hermanos bolivianos. Es así, que a partir de este momento los hechos de violencia por parte de las personas afines al MAS (Movimiento Al Socialismo) se intensificaron”.

Murillo también prometió encarcelar al ex presidente Evo Morales por el resto de su vida. Lo acusa de incitar a protestas antigubernamentales que, según él, suponen terrorismo. En una entrevista con The Guardian, Arturo Murillo afirmó que Morales organizó desde México un brutal bloqueo a la ciudad de La Paz para dejar sin combustible y sin alimentos a la ciudad.
Murillo difundió días atrás una grabación de audio en el que, según afirma, Morales da tales instrucciones. Para el ministro, el audio es una prueba definitiva del presunto crimen y dijo que estaba “200%” seguro de que era genuino. “Esto es terrorismo y esto es sedición”, dijo. “Hemos pedido la pena máxima de 30 años de prisión”, agregó.
Murillo, que ahora es responsable de la seguridad pública en Bolivia y es uno de los principales miembros de un gobierno Jeanine Áñez, catalogó a Morales como parte de un grupo de “falsos izquierdistas que no buscaban otra cosa que el poder” y afirmó que el ex presidente está acabado políticamente.
The Guardian también entrevistó a Evo Morales en México, desde donde rechazó las acusaciones y denunció “acoso” para impedir su regreso a Bolivia. Sin embargo, no dijo que el audio no fuera auténtico: “Hablo con todos los que me llaman. A veces no los conozco. A veces buscan orientación”.
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, juró como presidente interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos. Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un “golpe de Estado”. Ella, por su parte, ha aseverado que solo estará en el cargo el tiempo necesario para lograr nuevas elecciones.

Por su parte, Añez designó este lunes al primer miembro del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme a la ley aprobada por consenso en el Congreso para poner fin a la crisis política que sufre el país.
La mandataria ya ha tomado juramento a Salvador Romero Ballivián como vocal del TSE, en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Gobierno ante miembros del Ejecutivo y del Legislativo.
“Tengo la enorme satisfacción de presentar al doctor Salvador Romero Ballivián, quien ha sido designado como vocal del Tribunal Supremo Electoral en representación del poder Ejecutivo”, señaló Áñez, según informa la agencia de noticias oficial ABI.
De acuerdo con la ley, que fue promulgada el domingo por Áñez, debe nombrarse un nuevo TSE en un plazo máximo de hasta veinte días, tras los cuales el Tribunal Electoral debe llamar a las urnas en los dos días siguientes.
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