¿Quiere que su pensión pague los portaaviones chinos?
¿Debería la dotación de su universidad estar financiando el genocidio del Partido Comunista Chino (PCCh) contra el pueblo uigur?
¿Le gustaría que sus ahorros para la jubilación alimentaran el estado de vigilancia tecno-totalitario del PCCh?
No son preguntas hipotéticas. Millones de estadounidenses se han convertido en patrocinadores financieros del PCCh sin saberlo. Sus ahorros están financiando empresas que construyen armas para el Ejército Popular de Liberación de China, así como empresas implicadas en el genocidio en curso en Xinjiang.
Este mes, el gobierno de Joe Biden se ha enfrentado por primera vez al problema. En una orden ejecutiva largamente esperada, el Presidente ordenó al Departamento del Tesoro que emitiera normas que restringieran algunas inversiones estadounidenses en empresas de la República Popular de China que trabajan en inteligencia artificial, semiconductores y computación cuántica. Ha sido un buen primer paso, pero no debería ser el último.
A principios de este verano, junto con el diputado Raja Krishnamoorthi (Illinois), demócrata de mayor rango en el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, empecé a investigar a las principales empresas de inversión y de capital riesgo estadounidenses que financian a empresas chinas y que el Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista negra por motivos de seguridad nacional o por su implicación en violaciones de los derechos humanos. Lo que hemos descubierto hasta ahora es preocupante.
Gigantes financieros como MSCI y BlackRock canalizan dinero estadounidense hacia empresas que producen los aviones militares del PCCh, sus portaaviones, su tecnología aeroespacial, sus proyectiles de artillería e incluso su avanzada tecnología nuclear. Estas empresas no son las únicas. Las inversiones en empresas chinas problemáticas proliferan en Wall Street y Silicon Valley.
Literalmente, estamos financiando nuestra propia destrucción potencial, y la orden ejecutiva, por más que esté bienintencionada, no la detendrá. Corresponde al Congreso erigir barandillas sólidas y duraderas en torno a la inversión exterior en China.
En primer lugar, debemos conocer la magnitud del problema. La orden ejecutiva contiene un débil requisito de notificación para las inversiones en una estrecha lista de tecnologías pero el Congreso debe establecer medidas de transparencia mucho más amplias en todas las tecnologías críticas para la seguridad nacional. La libertad de expresión no es lo único que desaparece tras el Gran Cortafuegos chino: los rastros de dinero también lo hacen.
En segundo lugar, no debemos permitir inversiones que apoyen la modernización militar de China, los trabajos forzados y el genocidio del PCCh, o el estado de vigilancia tecno-totalitario de Beijing. Debido a la estrategia del PCCh de fusión militar-civil, esto puede ser más fácil de decir que de hacer. Pero el Gobierno estadounidense ya incluye a muchas de estas empresas en su lista negra y les prohíbe comprar tecnología estadounidense. ¿Por qué permitimos que Wall Street les dé dinero?
En tercer lugar, debemos abordar todas las salidas de capital a China, públicas y privadas. Esta es la mayor laguna de la orden ejecutiva. Se centra únicamente en las inversiones “activas”, como el capital riesgo y el capital privado -sólo el 17% de la inversión total de capital estadounidense en empresas chinas-, pero exime a los productos del mercado público, como los fondos cotizados en bolsa, los fondos de inversión y las acciones cotizadas. Debemos abordar el 83% restante sacando los ahorros para la jubilación de los estadounidenses, los fondos de pensiones y el Plan de Ahorro del Gobierno federal de estas problemáticas inversiones chinas.
También debemos excluir de la lista y desindexar las empresas chinas que apoyan al Ejército Popular de Liberación, que están en listas negras de derechos humanos o que niegan a los inversores estadounidenses protecciones básicas, información y derechos de los accionistas. No hay ninguna razón por la que un régimen comunista genocida que no hace más que despreciar nuestro sistema y sus normas multilaterales deba disfrutar de los beneficios sin restricciones de nuestros mercados y capitales. En consecuencia, las empresas chinas que utilizan entidades de interés variable (VIE), estructuras creadas específicamente para eludir las leyes chinas contra la inversión extranjera en empresas tecnológicas sensibles -al tiempo que no proporcionan ninguno de los derechos tradicionalmente otorgados a los accionistas- deben cumplir las protecciones básicas de los accionistas o ser eliminadas de las bolsas estadounidenses.
En cuarto lugar, debemos centrarnos en los sectores. No podemos jugar a las casillas sancionando a empresas individuales que inevitablemente cambiarán de nombre y crearán filiales para evitar las restricciones. Tampoco bastará con definir subcategorías de tecnologías, como ha hecho la administración Biden. Alcanza con ver al principal constructor de aviones de combate del Ejército Popular de Liberación, Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Los inversores estadounidenses no pueden poseer valores de AVIC, pero sus filiales se encuentran en ETF y fondos de inversión de millones de cuentas de jubilación de estadounidenses. En lugar de crear un oneroso mecanismo de revisión caso por caso, deberíamos dar a los inversores una orientación clara sobre dónde pueden y dónde no pueden invertir, con un margen de ajuste adecuado pero breve.
Afortunadamente, el PCCh ha hecho parte del trabajo por nosotros. En su estrategia “Made in China 2025″ y en su XIV Plan Quinquenal, el PCCh identificó sectores tecnológicos críticos que aspira a dominar, puntos de partida útiles para determinar qué sectores deberían estar fuera del alcance de los inversores estadounidenses.
En quinto y último lugar, debemos proteger la estabilidad de nuestro sistema financiero. La Reserva Federal de Nueva York debería someter a los bancos y gestores de activos a pruebas de estrés según escenarios específicos, incluida una invasión de Taiwán, durante la cual la mayoría de las inversiones estadounidenses en empresas chinas podrían perder potencialmente la mayor parte o la totalidad de su valor. ¿Cuánto dinero están prestando los bancos contra estos activos relacionados con China? ¿Hasta qué punto están expuestos los inversores estadounidenses a activos peligrosos y vacíos como las VIE? Las medidas de transparencia afinarán las estimaciones, pero es seguro decir que tenemos billones de dólares de exposición a China, lo que plantea graves riesgos sistémicos para nuestro sistema financiero.
Dadas las lagunas de la orden ejecutiva del presidente Biden, así como la impermanencia inherente a cualquier orden ejecutiva, el Congreso tiene el deber de actuar. Se trata de una cuestión compleja y no será fácil convencer a nuestros aliados. Pero Wall Street debe reconocer que las inversiones en empresas chinas malignas suponen un peligro para nuestros hombres y mujeres de uniforme, un peligro mortal para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos del PCCh y riesgos sistémicos para la economía mundial. Es un cóctel mortal que el pueblo estadounidense no pidió y que no debería servirse.
© 2023, The Washington Post
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