Sindicatos y gremios vuelven a la calle este jueves 29 de octubre en lo que han denominado como una “gran jornada nacional de protesta” para exigir la discusión de las tablas salariales, y el pago de la bonificación de fin de año con base en el llamado “ingreso mínimo integral”.
La manifestación es convocada principalmente por los trabajadores de los sectores salud y educación, que en los últimos meses han ido escalando sus acciones para exigir mejores condiciones laborales al gobierno interino de Delcy Rodríguez.
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El último aumento del salario mínimo en Venezuela se registró a principios de 2022, cuando el gobierno lo fijó en 130 bolívares. Ese monto hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar y es la referencia que se utiliza para calcular las prestaciones sociales.
“Dada la pulverización absoluta de los sueldos, indigna recibir ese pago menor a 10 dólares y al gobierno le debería avergonzar hacerlo”, expresó la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Aupcv) en referencia al bono de fin año.
Congelado el salario mínimo, el régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que Rodríguez elevó a 240 dólares en mayo de 2026. Con esta fórmula, el oficialismo incurre en la desviación que condenó en sus orígenes: la “bonificación” del salario, con una remuneración que no se refleja en los pasivos laborales.
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“Mientras el costo de la canasta básica vuela por las nubes, el gobierno destruye nuestro salario, pisotea las convenciones colectivas y nos condena a bonos de miseria que no alcanzan para vivir”, denunció la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) que, además, señala que estos pagos se realizan de forma “caótica” y “discrecional” porque no cubren a todos los trabajadores activos y jubilados.
Los promotores de la protesta demandan la “eliminación del Sistema Patria”, plataforma instalada por el régimen para ejecutar los pagos, con el fin de restituir “la autonomía financiera de las instituciones y ministerios correspondientes”.
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Nuevas reglas
El Ejecutivo de Rodríguez participa en una mesa de “consensos laborales” con representantes empresariales y sindicales. “Allí tenemos un diálogo fluido y yo sé que el mes que viene vamos a tener conclusiones importantes y anuncios importantes que darle al país”, declaró la presidenta encargada a principios de octubre.
El oficialismo se ha negado a reformar la Ley Orgánica del Trabajo que promulgó el difunto presidente Hugo Chávez en 2012. Sin embargo, se espera que en el marco de esa mesa de “consensos laborales”, donde interviene la patronal Fedecámaras, se acuerde una norma que en la práctica desplazará al texto firmado por Chávez y eliminará el polémico punto de la retroactividad de las prestaciones sociales.
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“A partir del año que viene, sin duda alguna, va a haber un gran crecimiento en materia de empleo y de ingresos para los trabajadores”, ha prometido Delcy Rodríguez, pero los trabajadores reclaman soluciones inmediatas.
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