La ONU extendió por dos años la misión que investiga los crímenes y abusos de Derechos Humanos en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió este martes prolongar hasta 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el mecanismo creado para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.

La decisión mantiene durante otros dos años un equipo de expertos encargado de recopilar información, establecer responsabilidades y presentar sus conclusiones ante el Consejo. La misión fue creada en septiembre de 2019 para investigar las violaciones cometidas desde 2014 y ya había recibido una extensión anterior que llevaba su mandato hasta octubre de 2026.

La nueva resolución deberá permitir que los investigadores presenten informes durante las sesiones del Consejo previstas para 2027 y 2028. Actualmente, el grupo está integrado por Sofía Macher, de Perú, Alex Neve, de Canadá, y María Eloísa Quintero, vinculada a Argentina y México.

La renovación se produjo pocos días después de que la misión presentara una evaluación sobre la situación venezolana en la que advirtió que, aunque se produjeron algunos cambios después de la captura de Nicolás Maduro, las estructuras utilizadas para ejercer la represión permanecen en funcionamiento.

El documento aprobado por el Consejo reconoce algunos avances recientes, especialmente la reanudación de la cooperación y el diálogo entre las autoridades venezolanas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, mantiene la preocupación por la continuidad de violaciones graves y por las debilidades del Estado de derecho.

Entre los principales reclamos figuran la falta de independencia judicial, las restricciones al espacio cívico y las limitaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión. La resolución también solicita la liberación “inmediata e incondicional” de quienes permanezcan encarcelados de manera arbitraria.

Caracas rechazó la prolongación del mecanismo antes de la votación. Su delegación sostuvo que los mecanismos de supervisión establecidos sin autorización del Estado deberían ser sustituidos y afirmó que “ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido”.

La representación venezolana también reclamó que cualquier futura renovación contemple una salida definida. “Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática”, sostuvo.

La represión y las estructuras que permanecen activas

La misión documentó una disminución de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas después del 3 de enero, fecha del operativo estadounidense que terminó con la captura de Maduro. También registró la liberación de cientos de presos políticos y un mayor margen para las manifestaciones y reuniones públicas.

Pero los expertos señalaron que esos cambios no estuvieron acompañados por reformas capaces de modificar las estructuras que permitieron los abusos. Las fuerzas de seguridad conservaron prácticas y organización similares, mientras continúan vigentes normas utilizadas para perseguir la disidencia.

La investigación identificó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero. Entre las prácticas documentadas aparecen malos tratos en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, además de condiciones de encarcelamiento caracterizadas por falta de agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica.

Las organizaciones civiles contabilizaron al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La misión identificó además arrestos breves utilizados para intimidar a activistas, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil. Sus estimaciones indican que todavía podrían permanecer detenidas entre 379 y 500 personas por motivos políticos.

El informe también analizó el papel de los llamados colectivos, grupos civiles armados que, según los investigadores, mantienen vínculos con organismos estatales y fuerzas de seguridad. La misión encontró indicios de apoyo político, financiación, equipamiento y coordinación operativa, además de su participación en vigilancia, inteligencia y acciones contra manifestantes y opositores.

Sofía Macher afirmó que la disminución de algunas de las formas más graves de represión “de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”. La experta reclamó desmontar las estructuras represivas, garantizar la independencia judicial y avanzar hacia mecanismos de justicia centrados en las víctimas.

María Eloísa Quintero pidió además “medidas decisivas hacia la rendición de cuentas” y un proceso de justicia transicional. Entre sus recomendaciones incluyó que Venezuela vuelva al Estatuto de Roma y coopere con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales.

La misión también señaló que la crisis venezolana continúa teniendo consecuencias fuera del país. La resolución de Naciones Unidas recordó que millones de personas abandonaron Venezuela durante la prolongada crisis humanitaria y reconoció los esfuerzos de los países de la región que continúan recibiendo a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.