
El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, afirmó este lunes que el acuerdo petrolero alcanzado el pasado 28 de agosto con Estados Unidos es un esquema tripartito y renovable “las veces que sean necesarias”, pese a que el contrato firmado establece en principio una vigencia de 25 años.
“El contrato está firmado 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, puede haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda”, declaró Obregón en una entrevista con la emisora Onda La Superestación. El directivo añadió que espera que el petróleo “continúe siendo fuente” de ingresos para Venezuela “durante 100 años”.
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Obregón explicó que el carácter tripartito del pacto se debe a que parte del capital accionario de la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) fue asumido por el Gobierno de Estados Unidos, mientras que es esa empresa la que suscribe formalmente el contrato con Venezuela, y precisó: “Uno de los accionistas de NABEP es el Estado estadounidense, que tiene una participación accionaria del 35%”.
El acuerdo había sido adelantado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien señaló que el contrato permite a Estados Unidos explotar más del 20% de las reservas de crudo venezolano durante 25 años. Posteriormente, la Casa Blanca divulgó el 31 de agosto que había concedido a NABEP, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, una licencia de 100 años para operar los yacimientos, y sostuvo que Washington obtendría “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
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Betancourt ha sido investigado en el pasado por presunto lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza, procesos que no han derivado en condenas firmes. Obregón salió en su defensa durante la entrevista radial y calificó la relación bilateral resultante del acuerdo como “ganar-ganar” para ambos países, al asegurar que permitirá a las finanzas públicas venezolanas percibir regalías y tributos.
Según cifras oficiales, el convenio contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con un total de 65.000 millones de barriles de reservas y prevé una producción superior a 1.500.000 barriles diarios. El esquema se enmarca en los Contratos de Participación Productiva en Hidrocarburos (CPPH), una figura legal impulsada por el Gobierno venezolano para atraer capital privado e internacional al sector.
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El pacto llega en un momento de caída productiva para la industria petrolera venezolana, que en las últimas dos décadas perdió la mayor parte de su capacidad de extracción. En 1998, un año antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela producía 3.100.000 barriles diarios, casi el triple del nivel actual. La ministra de Petróleo, Paula Henao, indicó el domingo que la producción se ubica ahora en 1.236.000 barriles diarios y que el Gobierno prevé cerrar 2026 en 1.400.000.
Henao subrayó que, pese a la magnitud de la concesión otorgada a capital estadounidense, Venezuela mantiene “el control y la propiedad” de su petróleo. Esa afirmación contrasta con el porcentaje de explotación cedido bajo el acuerdo y con la participación directa del Estado estadounidense en la estructura accionaria de NABEP, un punto que Obregón no discutió y que analistas venezolanos han señalado como el núcleo de la controversia en torno al pacto.
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El calendario de implementación del acuerdo, incluidos los plazos para el inicio de las operaciones de NABEP en los 17 campos anunciados, no ha sido precisado por ninguna de las partes. Tampoco existen hasta ahora datos oficiales sobre la inversión inicial comprometida ni sobre el cronograma de las obras de infraestructura necesarias para alcanzar el objetivo de 1.500.000 barriles diarios, cifra que Venezuela no registra desde hace más de una década.
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