Venezuela: damnificados por los terremotos denuncian lentitud y falta de organización en las inspecciones

Como si se tratara del teatro del absurdo, los residentes de Playa Grande aguardan por un Godot que nunca llega. “Tenemos ya más de un mes esperando una segunda inspección de nuestro edificio, el tiempo pasa y no podemos avanzar”, se lamenta Mariuska Delgado, vecina de uno de los sectores del estado La Guaira más golpeados por los dos terremotos que sacudieron la región centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Tras el doblete sísmico, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura -a cargo del ministro de Transporte, Francisco Garcés- está sometiendo a revisión los inmuebles para definir su futuro.

La primera observación se ajusta al “método del semáforo”, con una etiqueta verde si la estructura se encuentra habitable, una amarilla si sufrió daños parciales y la roja en caso de que se considere de alto riesgo o no habitable.

“Cuando nos pegaron la etiqueta roja, nos dijeron que esperáramos una segunda inspección más profunda para determinar el estado de la edificación”, relata Delgado, una administradora de 48 años.

Advierte que la lentitud de las autoridades contrasta con la rapidez de la tragedia. “Lo que sí avanza es la delincuencia, pues nos robaron el cableado principal, sin contar que a todos los vecinos nos han robado muchísimas cosas y ya nuestro edificio está convertido en baño público, hay orine y heces por las escaleras y por todas las áreas, el olor es espantoso”, describe indignada.

En el aire

“Estamos como en un limbo, no sabemos qué dirección vamos a tomar y la gente se preocupa porque el mercado inmobiliario se encarece”, comenta Cristina Palmieri.

Administradora de 59 años, señala que “al no contar con la segunda inspección, no tenemos certezas sobre la decisión que tomará el gobierno y si es posible la reconstrucción”. Por esa razón, tampoco han podido trabajar en el apuntalamiento del inmueble para evitar que se siga hundiendo.

Con los bolsillos exprimidos por el cataclismo, los costos hacen imposible recurrir a un servicio privado. Palmieri dice que por la visita de un ingeniero patólogo se cobran hasta 400 dólares, mientras que revisiones más profundas rondan los 5 mil y 15 mil dólares. “A una amiga le pidieron 75 mil dólares por unos estudios”, indica.

Estas dos vecinas de Playa Grande coinciden en criticar la desorganización en las inspecciones. “Falta mucha coordinación y comunicación con las juntas de condominio”, cuestiona Palmieri, quien resalta que hasta cometen errores en las etiquetas. “Escribieron mal el nombre de nuestro edificio”, detalla.

“Los inspectores pasan como dando brincos, como escogiendo unos sí y otros no, no hay un orden, no hay un aviso”, confía Delgado, quien tuvo que ir personalmente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) al percatarse de que habían alterado sus datos de forma irregular. “Me cambiaron el edificio, la dirección y las coordenadas GPS”, expresa.

Hermetismo

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) creó una plataforma digital y conformó brigadas para apoyar con las inspecciones, pero el gobierno interino de Delcy Rodríguez no les permitió desplegarse en La Guaira, declarada zona de desastre por el doblete sísmico.

“Aunque insistimos y pusimos a la orden nuestra plataforma, las autoridades no querían que nos metiéramos en La Guaira”, revela un delegado del CIV que prefiere resguardar su identidad.

Cree que el “hermetismo” obedece a que el régimen busca “preservar la data de La Guaira para evitar que pueda ser utilizada para establecer responsabilidades”.

Varios de los edificios que se derrumbaron por los terremotos en el litoral central habían sido levantados por el plan gubernamental Misión Vivienda, lo que ha reavivado las críticas sobre la calidad de estas construcciones.

Sobre el funcionamiento de la comisión presidencial, el miembro del CIV expone: “Es más una vitrina que un centro de operación real. Esa comisión se reunió una sola vez, el día que se instaló, y luego el gobierno solo ha tenido contactos bilaterales con algunos actores para temas que a ellos les interesa. No ha habido coordinación interinstitucional y todo ha caído en la discrecionalidad del gobierno”.

¿Y ahora?

“Ya vamos para tres meses y aún no sabemos si el edificio se declarará colapsado o si tiene recuperación, mientras tenemos gente viviendo arrimada en casas de familiares”, manifiesta Palmieri. Ante la ausencia de información precisa, los afectados tienen la duda de si la falta de la inspección definitiva les impedirá acceder al programa de créditos hipotecarios lanzado por el gobierno.

Para Delgado no hay más tiempo que perder. “Necesitamos respuestas rápidas porque no todos estamos en las mismas condiciones económicas. Habrá gente que quiere que demuelan el inmueble y esperar para vender el terreno, pero otros quisiéramos que pueda ser reparado. La necesidad de inspección es imperante, lástima que no hay organización”.