A diez días de que comience oficialmente el nuevo año escolar, el Ministerio de Educación muestra como un logro el crecimiento de la matrícula, que habría pasado de 5 millones 570 mil 942 estudiantes en julio de 2024 a 6 millones 9 mil 254 en julio de este año.
Sin embargo, en enero de 2024, Nicolás Maduro aseguró que dentro del sistema educativo nacional se encontraban 8 millones 824 mil 512 niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿dónde están esos casi 2,9 millones de estudiantes que supuestamente asistían a las aulas?
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“La brecha de estudiantes responde a una dinámica multicausal e interconectada, donde la crisis socioeconómica estructural y la movilidad humana se retroalimentaron”, expone Celsa Afonso, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Al evaluar los registros ofrecidos por el régimen chavista sobre la matrícula escolar, la profesora destaca el efecto de la migración, pues “la salida de familias redujo la densidad poblacional en edad escolar en el país”.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que alrededor de 7,9 millones de venezolanos abandonaron su país a causa de la emergencia humanitaria compleja que empezó a sufrirse a mediados de la década pasada.
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Afonso también resalta el fenómeno de la inclusión laboral temprana y el costo de oportunidad. “El mayor déficit de escolaridad se concentra en tercero, cuarto y quinto año de Educación Media General. La presión económica obliga a los adolescentes a abandonar el liceo para incorporarse al mercado informal y aportar al ingreso familiar”, apunta.
En tercer lugar, sostiene que la escuela venezolana ya no cumple su función protectora. “Sin servicios básicos continuos, la escuela pierde su capacidad de retención y la educación deja de ser percibida por los jóvenes como un vehículo viable de movilidad social y construcción de un proyecto de vida autónomo”, argumenta.
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Al momento de revisar las cifras que divulga el régimen chavista, debe tomarse en cuenta lo siguiente: Desde hace una década, el Ministerio de Educación no publica una memoria y cuenta detallada que permita conocer los datos del sistema educativo venezolano. Ante el vacío de información, todo se limita a declaraciones y “láminas” que son inauditables.
Nada cambia
La investigadora advierte que los factores que provocan la deserción escolar no solo continúan vigentes, sino que “se han complejizado con las nuevas realidades” que enfrenta el país.
En principio, resalta que la pobreza, la incorporación laboral temprana y la suspensión recurrente de clases por fallas en los servicios públicos siguen afectando al sistema educativo.
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Afonso indica que la acumulación de rezagos de aprendizaje atenta contra la continuidad de los estudiantes. “La falta de competencias básicas en lectura y matemáticas genera desmotivación y abandono progresivo, al no poder los estudiantes avanzar al ritmo de exigencia de su grado”, precisa.
La académica percibe que existe una “desconexión entre la oferta pedagógica actual y las expectativas de orientación vocacional o realidades territoriales de los jóvenes”.
A los obstáculos que se arrastran desde hace años se suma el impacto del doblete sísmico del 24 de junio, “que dañó la infraestructura escolar, desplazó comunidades y obligó al uso de refugios temporales o rezonificaciones”, explica Afonso.
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Preocupación
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que por los terremotos 900 planteles sufrieron daños menores, mientras que 87 presentan fallas estructurales y once colapsaron totalmente. El funcionario adelantó que se ejecutará un plan de rezonificación para reubicar a los estudiantes con el fin de que puedan volver a clases el 14 de septiembre.
En contraste con el discurso de Rodríguez, la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y la ONG Cecodap han señalado que tras el doblete sísmico se presenta “un escenario de alta vulnerabilidad para garantizar el derecho a la educación” en Venezuela.
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Las organizaciones cuestionan a la cartera de Educación por no compartir “información técnica pública, desagregada y verificable sobre la habitabilidad específica de cada plantel educativo”, y alertan sobre “el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de los vacíos de información pública por plantel”.
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