La decisión de Delcy Rodríguez de remover de la jefatura de la superintendencia de tributos (Seniat) al hermano de Diosdado Cabello, tras 18 años en el cargo, ha venido acompañada de una serie de medidas que buscan aliviar la presión sobre los contribuyentes.
Aprovechando la coyuntura, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Osman Quero Pérez, solicita a la mandataria interina de Venezuela retomar la exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR) y revisar las cargas fiscales que “asfixian” al sector.
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Quero Pérez apunta que la exención quedó sin efecto en diciembre de 2023, situación que ha trastocado la vida en el campo. En primer lugar, porque el monto que se destina al ISLR se dirigía a la inversión. “La exoneración es un incentivo para la inversión en el campo, toda vez que nosotros sabemos que no existe financiamiento en el país y el dinero para mantenerse en el sector agrícola es insuficiente”, acota.
“Si el productor tiene que pagar 34% de una supuesta rentabilidad, eso va en desmedro de la reinversión que se puede hacer”, advierte el líder de Fedeagro, tras destacar que “la reinversión de la utilidad ha sido la forma de sostenimiento en el campo venezolano”.
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El vocero gremial observa que “haber perdido la exoneración ha dado pie a que productores cuya actividad exclusiva es la actividad agrícola primaria sean calificados como contribuyentes especiales”, obligándolos a realizar el pago de la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de compras que hacen a crédito.
“Por no existir financiamiento en el país, el productor solicita créditos en el periodo de siembra en diferentes agrocomercios”, detalla Quero Pérez, tras cuestionar que forzarlos a cancelar el IVA “afecta su flujo de caja”.
Para justificar su requerimiento al gobierno interino, subraya que “17 de los 24 estados del país tienen una dependencia significativa del sector agrícola”, y recuerda que el artículo 305 de la Constitución establece que “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”.
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Quero Pérez advierte que la voracidad fiscal alcanza a las alcaldías, si bien en 2025 un decreto presidencial ordenó descargar a la producción primaria de los tributos municipales. “Hay algunos municipios que no cumplen con esto, como Unda y Sucre en la zona alta del estado Portuguesa, donde los productores pagan por saco de café hasta 4,25 dólares. Todas estas distorsiones afectan al sector”, alertó.
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