La oposición venezolana destacó la reforma de la ley judicial como “un paso más” hacia un Tribunal Supremo de Justicia “independiente”

La delegación opositora, respaldada por Washington y en diálogo con el chavismo, consideró que la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobada el martes por el Parlamento, representa “un paso más” hacia una alta corte independiente y “al servicio de la Constitución y de todos” los ciudadanos en Venezuela.

La modificación amplió de 21 a 23 integrantes el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de seleccionar a los aspirantes a magistrados. La nueva composición prevé 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. La renovación total del TSJ formó parte de los acuerdos entre la delegación del Gobierno chavista, liderada por el titular del Parlamento Jorge Rodríguez, y la oposición en el proceso de negociación promovido por Estados Unidos.

La delegación opositora afirmó que comienza “una etapa que llevará a la designación de todos los magistrados del TSJ, y requerirá del compromiso de toda la ciudadanía”. En ese sentido, señaló que representantes de la sociedad civil deberán actuar como “los ojos de Venezuela dentro del comité” y pidió que juristas integren el Consejo Independiente de Revisión de Credenciales para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los postulados.

El sector opositor sostuvo que serán necesarios “hombres y mujeres del derecho dispuestos a asumir la responsabilidad de transformar el sistema de justicia y a postularse como magistrados para el nuevo TSJ”. “Seguiremos trabajando junto a la sociedad civil para lograrlo e informando cada paso de este proceso”, agregó.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la que amplió el Comité de Postulaciones Judiciales y reactivó el proceso para renovar a todos los magistrados del máximo tribunal.

La modificación responde al acuerdo que el chavismo y la oposición suscribieron el 12 de agosto de 2026 en la mesa de diálogo promovida por Estados Unidos. Ese entendimiento estableció la sustitución total de los integrantes del TSJ y la apertura de un nuevo proceso de postulaciones.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, sostuvo días antes de la votación que la reforma permitirá retomar formalmente el proceso de renovación. El mecanismo anterior se interrumpió tras el doble terremoto del 24 de junio, cuando los expedientes se encontraban en la fase de revisión de credenciales e impugnaciones.

El acuerdo entre las delegaciones también contempla la ampliación del comité de postulaciones y la creación de una instancia para revisar las credenciales y los requisitos de los aspirantes al máximo tribunal. La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, informó en agosto que el cronograma empezaría ese mismo mes con anuncios y medidas concretas. El documento incluyó además la aplicación de un mecanismo de trabajo continuo para verificar el cumplimiento de cada etapa.

El Gobierno de Venezuela y la delegación opositora también acordaron el 12 de agosto impulsar la recuperación de los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra para destinarlos a la atención de las víctimas del doble terremoto del 24 de junio. El acuerdo incluyó la creación de mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para el uso de los recursos.

En julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez envió una carta al rey Carlos III para pedir la liberación del oro que Venezuela considera “retenido” en el Banco de Inglaterra. El Gobierno planteó que esos fondos se destinen a la recuperación de las zonas afectadas por los sismos.

(Con información de EFE)