Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono tras los terremotos

Entre ruinas, filas de ayuda y operativos de seguridad, familias del estado venezolano de La Guaira denunciaron falta de respuesta y coordinación oficial una semana después del doble terremoto del 24 de junio, mientras ONG y parientes de presos políticos afirmaron que desconocen el estado estructural de cárceles en Miranda, donde reclusos duermen a la intemperie por miedo a nuevas fallas en las torres.

La ciudadana Angélica Mundrain pidió maquinaria pesada para recuperar los cuerpos de su hijo, su sobrina y su sobrino, atrapados bajo los escombros del edificio frente a la playa donde vivían. La mujer dijo que espera desde hace seis días el equipo necesario para retirar losas de concreto y metal retorcido. “Nos sentimos abandonados”, afirmó el martes, sentada en la calle frente a lo que quedaba de un edificio de 11 pisos. “Nos sentimos desamparados. Lo que hemos visto es una falta de organización, de empatía, de todo”.

En las primeras 72 horas tras el derrumbe de edificios residenciales, locales de comida, farmacias, hoteles y tiendas de conveniencia en La Guaira, Caracas y zonas aledañas, residentes describieron una respuesta inicial centrada en el control del tránsito, con presencia de policías, agentes de inteligencia y miembros de las fuerzas armadas en intersecciones, mientras civiles buscaban a sus familiares entre montones de escombros.

Sobre el terreno, sobrevivientes señalaron que muchas de las labores de rescate y recuperación quedaron en manos de vecinos y, en algunos casos, de rescatistas extranjeros con equipos especializados como cámaras térmicas, detectores de sonido y perros entrenados. También indicaron que ambulancias quedaron atrapadas en atascos de varios kilómetros, que hospitales carecían de insumos y personal, y que parte del personal de emergencia respondió con poco o ningún equipo.

La percepción de desigualdad en la asistencia se extendió entre comunidades costeras. Residentes relataron que la llegada de numerosos policías y estudiantes de una escuela militar a un edificio derrumbado llevó a la gente a concluir que allí vivían funcionarios o personas con conexiones políticas. En ese lugar, policías de un estado vecino buscaban a un capitán, mientras estudiantes y algunos miembros de la Guardia Nacional esperaban localizar a un mayor general. Una grúa telescópica permaneció varias horas en la entrada del edificio y familiares de residentes acomodados, según los testimonios, pudieron alquilarla.

Mundrain contrastó esa escena con la situación en su edificio, donde dijo que la maquinaria no llegó. “Yo creo que, si en cada uno de estos apartamentos hubiera alguien con posición, aquí estuviese una máquina trabajando como lo han hecho en otras residencias”, sostuvo.

La tensión por la búsqueda de equipos también derivó en altercados. En un caso, residentes bloquearon el tránsito para evitar que una excavadora proporcionada por el gobierno se retirara del lugar de un edificio de vivienda pública colapsado e incluso sacaron al operador de la cabina, según relatos en la zona.

El electricista Daniel Castillo, que rescató con vida a su madre y a su hijo de un apartamento en el segundo piso de un edificio de vivienda pública derrumbado, cuestionó la actuación estatal mientras esperaba en una fila para recibir una bolsa gratuita de productos de higiene en una carpa atendida por militares. “Tú los guardias los ves y los uniformes intachables, nada sucios”, dijo, al comparar a miembros de la Guardia Nacional con civiles y rescatistas extranjeros cubiertos de polvo. “El gobierno no hizo nada”.

El Gobierno reportó 2.295 muertos y 11.267 heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron seis estados y Caracas. También circulan reportes de miles de desaparecidos. La presidenta interina Delcy Rodríguez escribió el miércoles en X: “Seguimos acompañando a las familias afectadas y supervisando directamente las labores de atención y recuperación en La Guaira”. Añadió: “Sé que muchos venezolanos sienten dolor y frustración; comparto profundamente esos sentimientos”.

En paralelo a las denuncias en La Guaira, ONG y familiares de presos políticos advirtieron sobre falta de información en centros penitenciarios. El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que desconocen el estado de las estructuras donde están recluidos detenidos, una semana después de los sismos. “La información que tenemos es que están asustados, no saben cuál es el estado de las estructuras”, afirmó.

Himiob indicó que en la cárcel de Ramo Verde, en Miranda, los presos políticos duermen en el patio en carpas y refugios que ellos mismos construyeron porque no quieren volver a las torres. Señaló además que hasta ese momento no recibieron reportes de heridos tras el doble terremoto.

Una familiar de un preso político en El Rodeo, que pidió no ser identificada, dijo que en el penal hay grietas en paredes y que las autoridades las pintaron de negro para que no se notaran. Denunció que los custodios no cuentan con un plan de evacuación ante otro sismo y que, pese a comprometerse a permitir llamadas telefónicas más frecuentes, no cumplieron. También sostuvo que no tiene información sobre una evaluación técnica que determine si los daños resultan graves.

Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), dijo a EFE que los daños en paredes en El Rodeo siguen visibles, aunque tras el terremoto se permiten visitas familiares, algo que —según denuncias previas de parientes— no ocurría desde hace meses. Baduel advirtió que no existe un mecanismo de comunicación directo u oficial con autoridades penitenciarias para conocer la condición estructural de los recintos.

El Clipp alertó el lunes sobre “afectaciones severas” en Ramo Verde y señaló que los detenidos comunicaron una necesidad urgente de insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos. La organización indicó que El Rodeo presenta vulnerabilidad similar, agravada por fallas logísticas y de seguridad previas al sismo. Hasta el momento, según las fuentes citadas, el Gobierno no presentó un balance específico sobre la situación de los centros penitenciarios.

(Con información de AP y EFE)