El derecho a la protesta está resurgiendo para una Venezuela golpeada por el chavismo

Las recientes protestas en Venezuela dejaron claro que el derecho a la expresión popular está resurgiendo en las calles del país. Diversos sectores —madres de presos políticos, trabajadores petroleros y jubilados— salieron a exigir cambios, evidenciando un clima social menos restringido que en años anteriores.

La caída del ex dictador Nicolás Maduro tras su detención por fuerzas estadounidenses a comienzos de año marcó un punto de inflexión. El régimen anterior había recurrido a arrestos masivos y represión violenta para sofocar el descontento tras su controversial “triunfo electoral” en 2024. Durante aquel periodo, cientos de personas perdieron la vida por la represión estatal, según datos recogidos por organizaciones y activistas.

En la actualidad, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se mantiene bajo la observación constante de Washington, mientras la ciudadanía recupera espacios de protesta que parecían clausurados. El ambiente, aunque aún tenso, permite expresiones públicas que antes hubieran sido impensables.

Durante una manifestación reciente en Caracas, Diego Casanova tomó la palabra para señalar que existe “un antes y un después” en el país. A su lado, un grupo de mujeres con fotos de familiares presos coreaba: “¡No hay libertad!”. Según Casanova, aunque el “apetito insaciable por la persecución” no desapareció, “el costo político es mucho mayor en este momento, y el público también lo entiende”.

La vigilancia policial cedió terreno a la observación pasiva: algunos agentes solo miran o toman fotos con sus móviles, apartando los escudos antidisturbios, un signo de un cambio en la actitud oficial frente a las protestas.

Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales revelan que las manifestaciones aumentaron un 144% en los primeros tres meses del año respecto al mismo periodo de 2025. Esto indica un crecimiento notable de la movilización social, aunque el futuro político del país sigue bajo incertidumbre.

El escenario actual es consecuencia directa de la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro el 3 de enero pasado. Desde entonces, los venezolanos comenzaron a perder el miedo a expresar sus demandas en público. El cambio en la conducción nacional y la presión internacional abrió una ventana para que la ciudadanía recupere el ejercicio de sus derechos civiles básicos.

Una de las protestas recientes reunió a cerca de 100 jubilados en Caracas. Nely Molina, de 76 años, compartió su experiencia: temía salir a la calle durante meses, pero ahora siente que “las cosas han cambiado un poco” desde el encarcelamiento de Maduro en Nueva York.

Molina denunció el monto de su pensión, al que calificó de “miseria”: 130 bolívares al mes, o 22 centavos de USD. “Tenemos más libertad para protestar, para gritar, para decir lo que queramos”, afirmó. La manifestación se llevó a cabo cerca del palacio presidencial de Miraflores, bajo resguardo policial, pero sin incidentes represivos.

Más de una decena de sindicalistas exigieron también el martes la destitución o renuncia de los rectores electorales vinculados al chavismo y la definición de un cronograma para las elecciones presidenciales en Venezuela, cuando resta menos de un mes para lo que consideran el “vencimiento” del “interinato” encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

“¡Elecciones ya!”, corearon los manifestantes frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas. “Queremos que el CNE, como ente rector del poder electoral, se pronuncie definitivamente con un cronograma electoral y si no cumple con sus funciones, entonces vamos a exigir la renuncia definitiva de todo el cuerpo de rectores”, declaró a la prensa Estela Romero, integrante de la Coalición Sindical Nacional.

La dirigente sindical cuestionó que, cinco meses después de la captura de Maduro, no se haya convocado a elecciones para elegir a su sucesor y subrayó que el próximo 3 de julio vence el período del “interinato”.

En otro acto, familiares de presos políticos expresaron su reclamo por la liberación de los detenidos. Dilsia Caro, esposa de Noel Flores —arrestado por un supuesto intento de asesinato contra Maduro—, evocó los riesgos de protestar en el pasado: “Si salieras a la calle a protestar, sabes que te llevarían a la cárcel”. Pese al estado de emergencia vigente, Caro sostiene que ya no siente temor a manifestarse.

Sin embargo, la situación institucional de Venezuela permanece en vilo. Aunque la ciudadanía recuperó parte de su capacidad de reclamo, la presión internacional y la vigilancia estadounidense marcan el pulso del nuevo escenario.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país podría volver a recurrir a la fuerza si el Gobierno encargado no otorga acceso al petróleo y otros recursos naturales. La intervención de enero “generó una serie de posibilidades, pero también planteó muchas preguntas”, valoró Danny Socorro, director de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, en diálogo con la agencia AFP.

(Con información de AFP Y EFE)