La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó este miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela no requiere más magistrados, sino que los actuales actúen con independencia de las influencias del régimen venezolano, tras la propuesta del Parlamento de incrementar el número de estos funcionarios.
“Los jueces tienen que actuar con independencia, garantizar que haya justicia”, expresó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea. El miembro de la organización subrayó que los jueces deben ser designados por concurso, al considerar que este mecanismo garantiza la estabilidad judicial y constituye “la condición mínima para que exista independencia en tribunales”.
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A través de un video difundido en X, Alvarado insistió en que toda reforma del TSJ debe basarse en la Constitución y no en decisiones discrecionales. “El derecho a la defensa y el debido proceso también están consagrados constitucionalmente. Los jueces deben decidir con base en el derecho y en las pruebas presentadas, no en consultas a superiores ni en llamadas de terceros. Esa práctica debe cesar”, criticó el coordinador.
El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el TSJ de 20 a 32, iniciativa que aún debe superar una segunda votación en la Cámara para entrar en vigor.
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Durante la sesión ordinaria del martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó la reforma y argumentó un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.
Rodríguez detalló que la propuesta de reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ —la Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral— estén integradas por cinco magistrados cada una, dos más que en la actualidad. La Sala Constitucional pasaría a contar con siete magistrados, en vez de cinco.
La iniciativa legislativa surge en paralelo al proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones en corte suprema. En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de superar los problemas persistentes en el sistema judicial, como el retardo procesal y la corrupción.
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El diputado opositor Tomás Guanipa, en nombre del bloque parlamentario Libertad, protestó por la falta de tiempo para revisar el proyecto —recibido poco más de una hora antes de la sesión— y reclamó una discusión más amplia y de consenso sobre el sistema de justicia.
“No debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo qué debe ser la justicia en Venezuela (...). Este no es tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido, como lo es el sistema de justicia en Venezuela”, manifestó Guanipa.
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Rodríguez pidió evitar provocaciones y recalcó que “cada quien tiene derecho a equivocarse como quiere”, en alusión a las críticas opositoras.
La ONG Provea demandó en X que la reforma judicial garantice una “selección transparente, amplia y apegada a la Constitución” de los nuevos magistrados, y expresó su preocupación por la posibilidad de que el proceso quede reducido a intereses de tutelaje transnacional, dejando de lado la participación de la academia, ONG, víctimas y organismos internacionales.
En abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló la comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de enfrentar problemas persistentes como el retardo procesal y la corrupción en el sistema judicial venezolano.
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(Con información de EFE)
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