El plazo de 90 días que autorizaba a Delcy Rodríguez a ejercer como presidenta interina de Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro expiró el viernes sin que la Asamblea Nacional controlada por el chavismo haya comunicado una votación para extender su mandato.
La ausencia de una definición formal abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre la legalidad de su continuidad en el cargo.
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La resolución del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en enero tras la detención y extradición de Maduro a Estados Unidos, establece un máximo de 90 días para cubrir la ausencia temporal del jefe de Estado, con la posibilidad de una prórroga de otros 90 días sujeta a la aprobación parlamentaria. La Asamblea Nacional no informó oficialmente haber cumplido ese trámite antes del vencimiento del plazo.
A pesar de ello, Delcy Rodríguez continúa ejerciendo funciones ejecutivas, liderando el régimen chavista y tomando decisiones de gobierno. No hay información pública sobre el mecanismo legal que respalda su permanencia, lo que refuerza las expectativas de que el chavismo recurra nuevamente a una interpretación favorable del Tribunal Supremo para legitimar la situación, como ocurrió en ocasiones anteriores ante vacíos institucionales y crisis de sucesión.
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La Constitución venezolana diferencia entre una ausencia temporal y una falta absoluta del presidente. En caso de declararse la vacancia definitiva, la Asamblea Nacional tendría la facultad de convocar elecciones anticipadas. Hasta ahora, ese mecanismo no fue activado. El oficialismo ha evitado abrir un proceso electoral y se mantiene en el esquema actual, sin anunciar cambios en la conducción del Ejecutivo.
Desde la salida de Maduro, Rodríguez consolidó su posición en el aparato de poder. Impulsó el relevo de funcionarios en áreas estratégicas, desplazó a figuras históricas del chavismo y avanzó en negociaciones para reordenar el sector petrolero con participación privada.
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Este proceso coincidió con el alivio parcial de sanciones por parte de Estados Unidos y el reconocimiento diplomático de la figura de Rodríguez por parte de Washington.
El trasfondo sigue marcado por la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ambos trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. El discurso chavista sostiene que la captura fue un “secuestro”, argumento utilizado por la justicia venezolana para justificar la sustitución temporal del poder presidencial.
La falta de un paso institucional visible para asegurar la continuidad de Rodríguez más allá del plazo previsto genera interrogantes sobre la naturaleza legal de su mandato.
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El chavismo acumula antecedentes de decisiones validadas posteriormente por el Tribunal Supremo, en especial durante crisis políticas o disputas internas. Por este motivo, se espera una sentencia que convalide la prórroga de la presidencia interina.
La continuidad sin una votación pública también pone de relieve las dinámicas internas del régimen chavista. Al no activar un proceso electoral ni una competencia entre facciones, el chavismo evita posibles conflictos de poder, pero prolonga una situación excepcional que depende de interpretaciones judiciales y no de mecanismos constitucionales ordinarios.
La prórroga ya vencida y la ausencia de explicaciones oficiales someten al chavismo a una nueva prueba sobre su manejo de la sucesión y el control del poder.
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Rodríguez sigue al frente de la administración, pero el vacío legal respecto a la extensión de su mandato interino mantiene la incertidumbre institucional y expone la fragilidad de los equilibrios internos en el régimen.
Por ahora, el oficialismo sostiene la continuidad de Rodríguez mientras la expectativa se centra en la respuesta judicial o el anuncio de una eventual convocatoria electoral.
(Con información de The Associated Press)
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