Expectativa por la situación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela hace un año y un mes

Agustín Nahuel Gallo, suboficial argentino de Gendarmería Nacional, continúa detenido irregularmente en Venezuela, mientras crecen las expectativas por su liberación y la de otros presos políticos en el país caribeño, luego de la detención del ex dictador Nicolás Maduro.

La situación de Gallo ha recalado en la agenda internacional tras cumplirse un año y un mes de su detención en Venezuela y ante la posibilidad de que “un número importante” de detenidos arbitrariamente por el régimen chavista sean liberados, según adelantó el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El joven permanece recluido en El Rodeo I, una prisión de máxima seguridad que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM). La situación, denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y organismos de derechos humanos, se ha tornado aún más tensa luego de que un compañero de celda revelara detalles del cautiverio y mientras se multiplican las gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

Gallo había viajado a Caracas en diciembre de 2024 con el objetivo de reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño, que residían allí desde hacía meses. La travesía, motivada por razones familiares y realizada en el marco de sus vacaciones, derivó en una detención arbitraria por parte de las autoridades migratorias en la frontera colombo-venezolana. El episodio cobró notoriedad pública días después de que la familia denunciara la falta de información sobre su paradero y de que la relación bilateral entre Argentina y Venezuela atravesara uno de sus puntos más críticos, marcado por la retirada de embajadas y la suspensión de canales diplomáticos.

Según relataron sus allegados, el suboficial partió desde Luján de Cuyo, Mendoza, el 7 de diciembre de 2024 y arribó al territorio venezolano al día siguiente. La detención ocurrió en un puesto de migraciones, donde fue interceptado bajo sospecha de espionaje. Desde entonces, el acceso a información sobre su destino quedó restringido tanto para sus familiares como para las autoridades argentinas, que exigieron su liberación inmediata. La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó en X: “Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”.

La familia de Gallo, compuesta por su pareja María Gómez y su hermana Daiana Gallo, ha mantenido gestiones paralelas ante la Gendarmería Nacional Argentina y el Poder Judicial de Catamarca, además de denunciar la situación a organismos internacionales. Gómez, en declaraciones al canal DNews, expresó: “Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar. Pensamos que, haciendo todo de manera legal, no habría problemas. Si él fuera un espía, no habría cruzado la frontera mostrando su identidad”. Por su parte, Daiana desmintió versiones que hablaban de visitas previas del gendarme a Venezuela y aclaró que ese era su primer viaje al país caribeño.

La vida previa de Gallo se caracterizaba por su dedicación al deporte y la naturaleza. Sus redes sociales evidenciaban una pasión por el running y actividades de montaña, además de reflejar su interés por la fotografía. En uno de sus últimos posteos, compartió: “Un cerro más conquistado”, destacando su perseverancia para alcanzar nuevos objetivos. Con frecuencia buscaba inspirar a otros a través de sus logros deportivos y reflexiones personales sobre la importancia de aprovechar las oportunidades laborales.

La detención de Gallo se produjo en un contexto de creciente tensión política entre Argentina y Venezuela, agudizada tras el retiro de embajadas y el intercambio de acusaciones por presuntas actividades de inteligencia. Su caso se inscribe en una problemática más amplia que afecta a ciudadanos extranjeros y opositores detenidos bajo cargos políticos y que, en muchos casos, son empleados como piezas de negociación por las autoridades venezolanas.

El testimonio de Iván Colmenares, ciudadano colombiano que compartió celda con Gallo en El Rodeo I, ofrece un panorama sobre las condiciones dentro de la prisión. En una entrevista con TN, Colmenares relató: “éramos presos políticos llevados allí para que los países puedan negociar con nosotros, para que puedan hacer un intercambio de intereses”. Según su relato, las autoridades ejercían coacciones permanentes, obligando a los internos a firmar documentos sin consentimiento y sometiéndolos a tratos violentos. “Nos encapuchaban, nos esposaban, nos pegaban con los rifles. Uno tenía que quedarse quieto y tranquilo porque había consecuencias”, detalló Colmenares. Mencionó además que tras siete meses de encierro, Gallo no pudo comunicarse con su familia porque no recordaba ningún número de teléfono.

Las condiciones de reclusión en El Rodeo I han sido objeto de denuncia por parte de organizaciones internacionales, que advierten sobre la falta de garantías judiciales y la ausencia de asistencia consular para los detenidos. La prisión opera como una extensión militar encubierta, donde permanecen bajo custodia directa personas consideradas “sensibles” por el régimen, incluidos opositores, militares acusados de conspiración y extranjeros implicados en causas de inteligencia.

En las últimas semanas, la expectativa por la liberación de Gallo creció luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el cierre próximo de El Helicoide, uno de los más notorios centros de detención y tortura del chavismo. La senadora Bullrich interpretó este gesto como “una señal de que los presos políticos serán liberados”, aunque admitió en diálogo con la prensa que se trata de un proceso complejo y que la conducción de las negociaciones corresponde a Estados Unidos. “Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando”, afirmó la legisladora.

El endurecimiento de las condiciones en El Rodeo I, con la suspensión de visitas y el reforzamiento del control militar, incrementó la angustia e incertidumbre entre los familiares del suboficial argentino. Desde la denuncia inicial, el Gobierno argentino ha sostenido la acusación de desaparición forzada y ha demandado la intervención de organismos internacionales para restituir los derechos de Gallo y de otros argentinos detenidos en Venezuela, como el abogado Germán Giuliano, apresado en mayo de 2025 y también considerado preso político.

La situación de Gallo continúa sin resolverse, mientras su entorno denuncia la falta de información oficial y la violación de normas esenciales del derecho internacional. El caso permanece como símbolo de la crisis diplomática y de derechos humanos en la relación entre Argentina y Venezuela, y representa una de las prioridades más urgentes en la agenda consular del país.