15 ONG exigen ruptura con la impunidad tras la salida del Fiscal General y el Defensor del Pueblo de Venezuela

Durante la gestión de Tarek William Saab al frente de la Fiscalía General y de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo, el país fue escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y persecución por motivos políticos.

“Dichos funcionarios tendrán que aclarar su responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos”. Lo dicen a través de un comunicado, 15 organizaciones, las cuales consideran que “la renuncia no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales. La rendición de cuentas es una condición para la no repetición”.

Las ONG que suscriben el escrito son: CAMPO, Caleidoscopio Humano, Conexión Segura y Libre, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Derechos Humanos en Acción, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, Gritemos Con Brío, Ideas Por La Democracia, Nosotras por Todas, La República TV, La TV Calle, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Digital Probox, Laboratorio de Paz, Redes Ayuda y Transparencia Venezuela.

Alertan que la designación de Larry Daniel Devoe como Fiscal “encargado” y de Saab Halabi como Defensor “encargado” vulnera las normativas de ambos organismos, porque el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del Fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el Vicefiscal, mientras que las del Defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el director ejecutivo de la institución.

A su vez, las 15 organizaciones que defienden derechos humanos consideran que la salida del Ministerio Público de Tarek William Saab Halabi y de Alfredo José Ruiz Angulo de la Defensoría del Pueblo es una coyuntura institucional determinante para el sistema de justicia venezolano. “No se trata únicamente de un relevo de autoridades, sino de una oportunidad para corregir graves déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos”.

Insisten en aseverar que se denunciaron hechos graves en materia de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias, cientos de torturas, desapariciones forzadas, algunas que se están revelando ahora de quienes permanecieron hasta por dos años sin que sus familiares tuvieran contacto físico o telefónico, incluso sin conocimiento de dónde se encontraba la persona detenida. Y ahora, con la Ley de Amnistía, se está evidenciando la desaparición de presos que no se sabe dónde están y ni siquiera si están con vida.

Por ello, las ONG dicen en su escrito que hay patrones documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Selección transparente

Ante las numerosas denuncias contra la violación de los derechos humanos, realizadas desde hace años y documentadas por organizaciones nacionales e internacionales, el Ministerio Público tenía la obligación jurídica de actuar con debida diligencia reforzada en la investigación de violaciones graves. “La ausencia de investigaciones estructurales eficaces frente a patrones documentados de violaciones configura responsabilidad por omisión cuando la autoridad competente, teniendo conocimiento de hechos graves y capacidad para actuar, no adopta medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar”, dice el comunicado.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, recuerdan que su mandato constitucional es “prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias. La inacción sistemática frente a situaciones de riesgo y la minimización pública de denuncias comprometieron el cumplimiento de ese mandato y degradaron su calificación ante la comunidad internacional”.

Ante lo que llaman un “nuevo escenario” en el país, y la salida de Tarek Saab de la Fiscalía y de Alfredo Ruiz de la Defensoría exigen que se realice “un proceso de selección transparente y verificable”, publicando los criterios de evaluación.

También, que se permita el “acceso público a credenciales, antecedentes y declaraciones de intereses de los postulantes” y que las audiencias sean públicas y transmitidas “con posibilidad de observación ciudadana”.

Deben haber, dicen las ONG, “criterios mínimos de idoneidad e independencia”, de manera que quienes sean escogidos para la Fiscalía y la Defensoría tengan una “trayectoria demostrable en defensa o investigación de derechos humanos”.

Otro requisito es que, por supuesto, no tengan una participación previa en estrategias de negación o encubrimiento de violaciones y que, asuman el “compromiso público con la cooperación internacional en materia de justicia”.

Reformar las instituciones

Las organizaciones no gubernamentales que suscriben el escrito abogan por un plan inmediato de reforma institucional, que contemple la “auditoría independiente de casos emblemáticos de violaciones graves”. “Proponen la creación o fortalecimiento de unidades especializadas en investigación de torturas, ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de mando, garantizando la protección efectiva a las víctimas, testigos y denunciantes”.

Parten de la relevancia de asumir el compromiso con estándares internacionales dando “reconocimiento explícito de la obligación de debida diligencia y la cooperación plena con mecanismos de Naciones Unidas (ONU) y con la Corte Penal Internacional (CPI)” y adoptando los protocolos internacionales de investigación (Minnesota, Estambul).

Solicitan que se evalúen las actuaciones pasadas, es decir que se haga “revisión independiente del desempeño del Ministerio Público y la Defensoría en casos documentados por organismos internacionales”.

Además, determinación de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales por omisión o incumplimiento del deber de investigar, tanto en la Defensoría del Pueblo como en el Ministerio Público.

Las ONG, que han librado una larga lucha en defensa de los derechos humanos en Venezuela consideran que la renovación del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo “no puede reducirse a un cambio de nombres”, y lo que procede es la “transformación real en la manera en que el Estado responde frente a violaciones de derechos humanos”.

Ratifican que la legitimidad de las nuevas autoridades dependerá no solo de su perfil individual, sino de su “disposición efectiva a investigar sin privilegios ni excepciones, a proteger a las víctimas sin discriminación y a garantizar que la ley se aplique incluso frente a quienes detentan poder, con una actuación que debe ser caracterizada por la independencia”.

Ven en el momento actual una oportunidad. “Se inaugura una etapa de independencia real y justicia efectiva o se consolida la continuidad de un modelo que debilitó la protección de los derechos fundamentales”.

Finalizan diciendo que la justicia no es una opción política ni una concesión. “Es una obligación constitucional y una condición indispensable para allanar el camino a la transición democrática”.