
Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció que su esposo, Rafael Tudares, enfrenta una "injusticia brutal" tras 210 días detenido.
“Se comete una injusticia brutal contra un hombre inocente”, expresó.
González afirmó que Tudares está en situación de "desaparición forzosa“, ya que “no se ha podido constatar su verdadero paradero” y las “autoridades no han dado información concreta sobre su vida, integridad física y condiciones de salud”.
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Aseguró: “Ni la posición de otro, ni el apellido de alguien, justifica lo que le están haciendo”.
El 23 de junio, González informó que un tribunal ordenó el pase a juicio de su esposo por presuntos delitos de "forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento“.
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En ese contexto, señaló que Tudares no guarda relación con el conflicto político que originó su detención, vinculado a la denuncia de fraude de la principal coalición opositora tras la proclamación del dictador Nicolás Maduro como presidente reelecto.
Mariana González considera que Tudares “quedó atrapado injustamente y es una víctima” de esta situación, que motivó, además, el exilio de González Urrutia en España en septiembre del año pasado. Desde ese país, el dirigente reclama la Presidencia de Venezuela, asegurando que resultó vencedor en las elecciones de julio de 2024.
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Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal informó que actualmente hay 807 presos políticos en Venezuela, una cifra que refleja las recientes 55 excarcelaciones y nueve nuevos arrestos, en lo que ha calificado como una práctica sistemática de “puerta giratoria”, es decir, “unos salen de la cárcel pero otros entran”, según detalló este martes a través de un balance difundido en sus canales oficiales.

Del total de detenidos, 712 son hombres y 95 mujeres, entre ellos cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, según datos publicados por la ONG en la red social X. La organización precisó además que 638 son civiles y 169 militares, y que 652 de estas personas permanecen encarceladas sin condena. En cuanto al origen, 83 de los presos tienen nacionalidad extranjera.
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Desde 2014, Foro Penal ha documentado 18.455 detenciones políticas, y asegura que ha brindado asistencia legal a “más de 14.000” personas que luego fueron liberadas. A pesar de estas excarcelaciones, actualmente “más de 9.000” ciudadanos siguen sujetos “arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”, afirmó la ONG.
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