Washington debe tomar más medidas contra Nicolás Maduro, dijo la líder opositora María Corina Machado, incluyendo la aplicación de sanciones y la lucha contra las redes criminales que, según ella, están vinculadas a la dictadura chavista.
Machado fue inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, pero es la figura opositora más popular del país.
Gobiernos occidentales y oposición afirman que el candidato de la coalición opositora ganó contundentemente las elecciones del año pasado, pero el chavismo afirma que Maduro fue reelegido, aunque nunca ha proporcionado un recuento detallado de los votos.
“¿Que quisiéramos más acciones más rápido? Sí, sí”, dijo Machado, quien ha estado escondida durante casi un año, a Reuters en una entrevista por Zoom el martes por la noche. “Para Estados Unidos Venezuela es un problema de seguridad hemisférica”.
La ingeniera industrial de 57 años, quien instó a sus partidarios a abstenerse de votar en las recientes elecciones legislativas y de gobernaciones, sostiene que Maduro es el jefe de una “empresa criminal”.
“Estamos pidiendo (...) aplicar la ley”, dijo Machado sobre su posición acerca de qué debería hacer Estados Unidos, Canadá, Europa, entre otros. “Que la justicia internacional funcione, ya que no funciona la justicia venezolana, que está absolutamente sometida”.
Estados Unidos ha sancionado a varias personas del régimen de Maduro, ha presentado acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios y las fuerzas armadas de Venezuela, incluyendo al propio Maduro, y ha perseguido a la empresa estatal de extracción de oro por operaciones ilícitas, entre otras acciones.
Machado declaró que ahora la oposición exige no solo la aplicación de las sanciones, sino también que el Gobierno estadounidense y otros en Europa divulguen información sobre las redes criminales presuntamente vinculadas a Maduro.
La revocación por parte de Estados Unidos de la licencia de la petrolera Chevron para operar en Venezuela representó un importante golpe financiero para Maduro, señaló Machado, quien añadió que cortar el financiamiento es crucial para generar presión interna en su contra.
Bajo la nueva autorización, Chevron ya no puede operar en los yacimientos petrolíferos venezolanos, exportar petróleo ni expandir sus actividades.
Maduro y sus aliados siempre han rechazado las sanciones, calificándolas de “guerra económica” y celebrando lo que, según ellos, es el éxito de la economía a pesar de las medidas.
La dictadura venezolana ha intensificado el cobro de impuestos al sector privado desde el cambio de licencia de Chevron para compensar la pérdida de ingresos, dijeron este mes líderes empresariales y analistas.
Machado añadió que los principales aliados de Maduro tienen una capacidad limitada para apoyarlo, citando el conflicto de Rusia en Ucrania, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y la continua guerra aérea de Irán con Israel.
Recientemente, Human Rights Watch (HRW) le propuso al gobierno de los Estados Unidos que considere “imponer sanciones individuales adicionales a los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’ venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos, garantizando que los responsables se enfrenten a consecuencias individuales”.
Así lo destaca HRW en el informe publicado el 2 de mayo titulado “Castigados por buscar un cambio. Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”.
También insta a Donald Trump a que se adopten medidas “para garantizar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos”, por ejemplo “rediseñando el estatuto temporal de protección (TPS) para los venezolanos, reconociendo las condiciones y riesgos a los que se enfrentan en su país”.
(Con información de Reuters)
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