El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este sábado que su coordinador juvenil del estado de Yaracuy, detenido desde diciembre, debió ser atendido de urgencia por las torturas sufridas en prisión.
“Yerwin Torrealba fue sacado de emergencia a un centro médico por presentar fuerte dolor abdominal y en sus piernas, debido a las condiciones de reclusión a las que está sometido”, escribió la agrupación opositora en un comunicado en el que precisó, además, que el joven llevaba “varios días presentando malestar y le había sido negada la atención médica”.
Ante ello, Vente Venezuela alertó a la comunidad internacional de las “múltiples complicaciones de salud que están presentando hoy muchos de los presos políticos en el país” y recordó que ya en diciembre se había elevado un pedido a la Corte Penal Internacional para que investigara la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad tras la muerte de tres reos.
Los presos políticos en Venezuela son sometidos a todo tipo de abusos y torturas, y obligados a permanecer en condiciones de reclusión inhumanas, lo que deriva en un inmediato deterioro de su estado de salud.
En enero, cinco relatores, dos grupos de trabajo y un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU describieron las condiciones como “inadecuadas” y advirtieron que “se habrían agravado” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio ante el “significativo aumento de personas detenidas”.
Una de las víctimas de esta situación es la activista Rocío San Miguel, quien padece desde hace meses una fractura que requiere intervención quirúrgica, pero que le es negada.
El hecho se remonta a diciembre de 2023, cuando su abogado, Juan González Taguaruco, notificó de la lesión de su cliente, a raíz de una caída provocada por un mareo relacionado con un cuadro de laberintitis.
Pese a que la opositora manifestaba dolores constantes, el cuadro “no fue debidamente tratado” y solo se le administraban analgésicos.
Es por ello que, ahora, su defensa solicita su excarcelación para poder ser operada por su equipo médico de confianza, en un centro de salud que cuente con la infraestructura necesaria, algo que el régimen se niega a aceptar por considerar que se trata de una maniobra para conseguir dejarla nuevamente en libertad.
“Llevarían a Rocío San Miguel a operar y, ahí, intentarían ejecutar el rescate”, dijo el ministro del Interior chavista, Diosdado Cabello, el pasado 15 de febrero, al informar del desmantelamiento de una “red de coyotes (tráfico de personas) internos”, que habría sido contratada para llevar a cabo este plan.
Ante el persistente rechazo al pedido, semanas atrás, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que San Miguel está siendo víctima de una “grave violación a sus derechos humanos” y exigió, por tanto, el permiso “inmediato y sin condiciones” para su intervención.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija. Según el régimen, formaba parte de una “trama conspirativa” que planeaba “atentar” contra Maduro y otros altos funcionarios.
(Con información de EFE)
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