La ONU instó al régimen de Nicolás Maduro a permitir a los venezolanos manifestarse sin miedo a una semana de la jura ilegítima del dictador

La ONU reclamó al régimen de Venezuela que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse “sin miedo a posibles represalias”, en vísperas de alcanzar la próxima semana la fecha en la que arranca el nuevo mandato presidencial y sin que se hayan resuelto aún las dudas surgidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La Misión Internacional Independiente de Investigación lanzó “un fuerte llamamiento” con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Valiñas, exhortó a las fuerzas de seguridad a “comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza”, después de que más 2.400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales.

El Ministerio Público ha asegurado que más de 1.300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1.800 presos recluidos por razones de índole política.

“Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso”, dijo Valiñas. Otro de los miembros de la misión, Francisco Cox, señaló que tanto quienes ordenan las detenciones arbitrarias y las torturas, como quienes las ejecutan son penalmente, son responsables a título individual.

Cox ha advertido en un comunicado que, en Venezuela, “el aparato represor sigue plenamente operativo”, por lo que su equipo ha vuelto a reclamar la puesta en libertad de todas las personas arrestadas de manera arbitraria y el respeto de la disidencia social y política.

En este sentido, la experta Patricia Tappatá señaló que “la persecución a las personas opositoras o a quienes el régimen considera como tales, no solo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto”.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, reivindica su derecho a tomar posesión de un nuevo mandato el 10 de enero, pese a que los órganos oficiales, controlados por el chavismo, no han publicado las actas que acrediten su supuesto triunfo. Edmundo González, exiliado en España, esgrime que es él quien debe asumir el poder e incluso ha prometido regresar a Venezuela.

“Cada día se detiene a nuevas personas y cientos permanecen en prisión en condiciones degradantes, sometidas a tortura y a tratos inhumanos, crueles y degradantes”, han indicado los miembros de la Comisión en un comunicado que alerta de nuevas exacciones que podrían ocurrir en el contexto de una nueva toma de posesión de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, dentro de una semana.

La Comisión sostuvo que está prestando mucha atención a los eventos previos y posteriores a la toma de posesión y aseguró que “investigará los casos de violaciones graves de los derechos humanos y delitos que puedan producirse, y analizará si encajan en la política del Estado de silenciar a la oposición”.

“Hacemos un enérgico llamamiento a que se respeten los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión sin temor a represalias, y recordamos a las fuerzas de seguridad que deben cumplir las normas internacionales más estrictas sobre el uso de la fuerza”, ha señalado la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas.

El equipo -al que Naciones Unidas ha encomendado hacer un seguimiento de la situación en Venezuela- pidió a las autoridades del país que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Hizo hincapié en la obligación del Estado de proporcionar protección especial a los detenidos con problemas de salud, a los ancianos y de considerar seriamente la situación de los menores que se enfrentan a procesos judiciales.

Según la instancia de Naciones Unidas, entre agosto y diciembre pasados las autoridades detuvieron a 56 activistas opositores, a diez periodistas y a un defensor de los derechos humanos.

A este respeto, recalcó que aquellos que han ordenado detenciones arbitrarias y han perpetrado torturas o maltratos tienen una responsabilidad penal individual por estos hechos.

(Con información de Europa Press y EFE)