El chavismo cumplió dos semanas sin actualizar los datos sobre los terremotos del 24 de junio. El parte oficial más reciente se publicó el 24 de agosto, dando cuenta de 6.509 fallecidos, 6.462 rescatados y 226 mil 696 personas atendidas en hospitales.
Tras el doblete sísmico, el gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó a difundir balances diarios. De repente y sin mediar explicación, pasó unos días sin emitir información para luego retomar los boletines con carácter semanal.
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La periodicidad no fue lo único que cambió. También modificaron los elementos que reseñaban. En los primeros ofrecían las cifras de heridos, familias atendidas, campamentos transitorios, personas en campamentos, efectivos desplegados, damnificados, edificios afectados y colapsados, y hasta la cantidad de réplicas que habían contabilizado.
Todos esos elementos desaparecieron de los balances, que ahora -cuando aparecen- son extremadamente sucintos, brindando apenas el estatus de las viviendas evaluadas, el número de entregadas y las toneladas de escombros recogidos, que superan las 600 mil toneladas hasta el 24 de agosto.
La información está congelada, pero en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, los familiares continúan buscando los cuerpos de sus seres queridos entre las ruinas.
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Preocupación
Distintos grupos de la sociedad civil han exigido transparencia al régimen chavista, que históricamente se ha caracterizado por su opacidad y manipulación de los datos.
Provea subrayó que las autoridades no han entregado un dato actualizado sobre los desaparecidos por los terremotos desde el 25 de junio, un día después del cataclismo. En aquella oportunidad, hablaron de solo 157 desaparecidos.
“Iniciativas ciudadanas han denunciado miles de personas con paradero desconocido, sin que exista un registro público que respalde. Exigimos al Estado venezolano actualizar y publicar ambas cifras (fallecidos y desaparecidos) de forma continua. La información salva vidas y es una obligación del Estado”, manifestó la ONG defensora de Derechos Humanos.
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Quince organizaciones promotoras de DDHH pidieron al Departamento de Estado que “utilice su intermediación” ante el régimen para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas pública sobre toda la ayuda humanitaria: la publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.
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