El Ministerio Público (MP, Fiscalía) del régimen de Venezuela informó este lunes de 413 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de la crisis poselectoral, para un total de 1.369, como parte de un “proceso permanente de verificación de casos” junto con el Poder Judicial.
En un comunicado, el MP señaló que, “producto de la más reciente jornada de verificación de causas vinculadas” a “los hechos de violencia postelectoral”, fueron “solicitadas y acordadas”, entre el 26 y el 30 de diciembre, “un total de 413 revisiones de medidas”.
Estas excarcelaciones, aseguró, fueron concedidas en “el marco del respeto e irrestricta observancia a los principios y garantías que consagra la Constitución” venezolana.
“El Ministerio Público se mantiene firme en su condición de parte de buena fe, objetiva e imparcial, en pro de la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos”, agregó en el texto, compartido por el titular de la institución, Tarek William Saab.
El pasado sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que 138 detenidos en el contexto de protestas contra el resultado oficial de los comicios de julio -que otorga una cuestionada reelección al dictador Nicolás Maduro- fueron excarcelados de dos centros penitenciarios, así como en el anexo para mujeres de una de estas cárceles.
Sin embargo, la organización no gubernamental denunció que a los excarcelados “se les sigue exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados” y, de “no hacerlo, no reciben la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional”.
Al respecto, el ex gobernador opositor César Pérez Vivas alertó entonces de que el régimen “está obligando a los presos políticos excarcelados en las últimas horas a hacer publicidad de que fueron bien tratados en las cárceles, que les dieron atención médica y alimentos de calidad”.
Aseguró que varios “están siendo obligados a presentarse en Caracas” a comienzos de enero para “asistir a un evento público donde deben decir que a ellos les pagaron para ir a protestas el 29 de julio o que (la líder opositora) María Corina (Machado) les ordenó ejecutar actos de violencia”.
Este lunes, el comité pidió al Estado crear una “comisión independiente” para que investigue las muertes bajo custodia de los considerados presos políticos y -dijo- establecer responsabilidades.
La ONG indicó que, tras la crisis postelectoral en el país, han fallecido tres presos políticos, “que se sumaron a la ya triste cifra de, al menos, 19 personas que desde 2015 han muerto en custodia del Estado venezolano”.
(Con información de EFE)
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