
La ONG venezolana Comité por la Liberación de los Presos Políticos pidió este lunes al Estado crear una “comisión independiente” para que investigue las muertes bajo custodia de los considerados “presos políticos” y -dijo- establecer responsabilidades.
La organización indicó, en un informe titulado Prisión injusta, celdas inhumanas, que las muertes bajo custodia del Estado son un “recordatorio trágico” de las condiciones de reclusión y de “las violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos políticos”.
“Estas pérdidas violan las ‘Reglas Mandela’ de las Naciones Unidas, profundizando la desconfianza en los sistema judicial y penitenciario venezolanos”, añadió.
La ONG sostuvo que, tras la crisis postelectoral en el país, han fallecido tres presos políticos, “que se sumaron a la ya triste cifra de, al menos, 19 personas que desde 2015 han muerto en custodia del Estado venezolano”.
La organización pidió que se presenten informes periódicos sobre las condiciones carcelarias y las medidas adoptadas para mejorarlas, así como abrir procedimientos administrativos sancionatorios contra los funcionarios penitenciarios que incurran en “vejaciones y agresiones” contra estos detenidos y sus familiares.
Igualmente, instó a organismos internacionales, como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), a enviar delegaciones a Venezuela para que puedan verificar las condiciones de reclusión.
También pidió crear una “mesa de diálogo” con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para establecer “mecanismos permanentes de comunicación que permitan a los familiares” transmitir inquietudes de forma directa sobre los reos.
El Comité exigió la eliminación de “tratos crueles, inhumanos y degradantes a los familiares durante las visitas”, así como garantizar el derecho de los detenidos de recibir “visitas regulares” sin “restricciones arbitrarias”.
Instó a proveer atención médica “adecuada y oportuna” y asegurar el “suministro regular de medicamentos para las personas con enfermedades crónicas”.
Hasta el pasado jueves y tras las excarcelaciones de las últimas semanas, la ONG Foro Penal computaba 1.849 presos políticos, en su mayoría detenidos luego de los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, un resultado señalado como “fraudulento” por la oposición mayoritaria.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo recientemente a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía ha informado de 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que la ONG no ha podido verificar este número en su totalidad.
Familiares de encarcelados en Venezuela se reunieron en una vigilia en Madrid este lunes para pedir por la liberación de los “presos políticos”, detenidos en su mayoría durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de julio, en “estas fechas tan sentimentales”.

“Es muy probable que no cesen estas detenciones, por lo cual debemos elevar la voz y exigir la liberación de todos ellos”, afirmó Verónica Noya, representante de los familiares congregados a las puertas de una iglesia del centro de Madrid.
Tanto el hermano como el marido de Noya se encuentran presos en Venezuela desde hace cinco años y, según denunció en declaraciones a EFE, desde hace tres semanas están “totalmente aislados”.
“Tenemos tres semanas exigiendo fe de vida de ellos y de 20 presos políticos más que se encuentran en el centro de torturas de El Rodeo en Venezuela en condiciones inhumanas”, explicó.
Venezolanos en Madrid convocó esta vigilia tras la detención el pasado 24 de diciembre de Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando de campaña opositor Mundo con Venezuela.
Ese mismo día, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció su “secuestro” por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Pido a todos los venezolanos que están alrededor del mundo y aquí en nuestro país que levanten sus voces durísimo por su libertad”, manifestó Machado en X.
Noya señaló que la “preocupante” detención de Tarbay demuestra que “pensar distinto y hacer política en Venezuela está prohibido”, a la vez que denunció que numerosos dirigentes políticos están en “desaparición forzada” porque sus familiares no saben dónde ni en qué condiciones están, lo que supone una “clara violación de los derechos humanos en Venezuela”.
(Con información de EFE)
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