Un total de 48 presos de Venezuela del estado Lara (oeste) están en huelga de hambre desde este lunes, como una “desesperada medida” de protesta contra el “hacinamiento” y el “retardo procesal”, según información difundida este martes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
A través de X, la ONG detalló que los reos, que están en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), también “exigen un plan de abordaje y traslado a recintos penitenciarios”.
La organización afirmó que “esta medida extrema” refleja “la desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas”.
El OVP alertó sobre las “consecuencias graves y progresivas para la salud” de una huelga de hambre, ya que “puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales”.
“Con el tiempo, surgen problemas severos como daño en órganos, pérdida de masa muscular y complicaciones cardíacas que pueden ser irreversibles”, advirtió.
La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de “manera urgente” la “crítica situación” de los reclusos, de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de “visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas”.
El pasado 22 de octubre, 27 militares presos en una cárcel del estado Miranda, cercano a Caracas, iniciaron una huelga de hambre contra las amenazas que, supuestamente, habían recibido por parte de otros reclusos, según el OVP, una protesta que fue levantada tras la promesa de reubicación de los presos civiles y mejora de la alimentación en el penal.
Esa protesta surgió por las “amenazas de secuestro” de los presos civiles a los reos militares, si no recibían “respuestas inmediatas” de asistencia y tratamiento médico en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, donde también hay reclusos que no pertenecen a la Fuerza Armada ni otros cuerpos del Estado.
Los militares levantaron la huelga tras la visita del director del Servicio Penitenciario Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Luis Ojeda, quien prometió reubicar a 72 presos civiles, según una nota de prensa del OVP, que no detalla si ese es el total de reclusos que no forman parte del cuerpo, o si todavía quedará alguno tras esa reubicación.
Ojeda también se comprometió a mejorar la alimentación en el centro, pues -destacó la organización- la dieta “carece por completo de proteínas, grasas, lípidos y frutas”.
Además, aseguró que garantizaría “el suministro continuo de agua potable las 24 horas del día” para evitar “enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas”.
El OVP aseguró que la cárcel no cuenta con electricidad en todas las instalaciones y que “las celdas están ubicadas en un galpón con techo de zinc, lo que provoca un aumento extremo de la temperatura”.
Destacó que el penal “no reúne los requisitos de los estándares internacionales para albergar reclusos”, al tiempo que manifestó que “todos los organismos del Estado” deben “garantizar los derechos humanos” de los presos, quienes -aseguró la ONG- “sufren tortura psicológica al no poder dormir con tranquilidad”.
“Durante la noche, ponen música a un volumen ensordecedor, y aunque no hay electricidad en el galpón, han instalado unos faros que al encenderse deslumbran a los internos y generan aún más calor. Estos faros permanecen encendidos toda la madrugada, impidiendo que los presos puedan dormir”, afirmó.
(Con información de EFE)
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