ONGs venezolanas denunciaron 711 detenciones arbitrarias en el país desde el inicio de las protestas por el fraude electoral de Maduro

Las ONGs Laboratorio de Paz y Foro Penal actualizaron a 711 la cifra de detenidos arbitrariamente en Venezuela desde el lunes, cuando iniciaron las protestas por el fraude electoral de Nicolás Maduro, de los cuales 74 son adolescentes. También notificaron 11 fallecidos. Estas cifras dan cuenta de un incremento acelerado de los arrestos injustificados, las desapariciones y el uso de la violencia contra ciudadanos en el país, apuntaron.

La mayoría de las detenciones se produjeron en Caracas (120), seguido por el estado de Anzoátegui (110) y Carabobo (109), mientras que las muertes tuvieron lugar en el Distrito Capital (5), Aragua (1), Táchira (1), Yaracuy (2) y Zulia (2).

Las organizaciones también alertaron de que las familias o representantes legales de los arrestados no han sido notificadas de la situación y que a las víctimas se les impide el acceso a una debida defensa. En algunos casos, incluso, se han producido traslados desde una ciudad o centro de detención a otro, lo que también dificulta que los allegados puedan conseguir información sobre su paradero.

En ese sentido, la organización Provea informó este miércoles por la noche que tres camiones “llenos de personas arbitrariamente detenidas en las protestas de caracas” salieron desde la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, al este de la capital, sin informar su destino final. “Familiares exigen que se les permita el derecho a la defensa (...) testigos aseguran que, supuestamente, los trasladaban a tribunales”, sumó la ONG mientras otros sostuvieron que se los trasladaba hacia cárceles comunes, donde compartirán celda con condenados por delitos comunes.

Provea reconoció también que se había bloqueado la asistencia legal y gratuita de los detenidos, y se los estaba obligado a “aceptar defensores públicos”, alineados con el chavismo.

Por otro lado, Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Foro Penal, que algunos allegados “tienen conocimiento de que a sus hijos los han golpeado”.

Entre los arrestados se notificó de múltiples casos de observadores de partidos disidentes en centros de votación, así como de opositores y dirigentes de estas agrupaciones antichavistas. La dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, señaló en las últimas horas que “recibo múltiples denuncias de testigos de mesa que están siendo amenazados” pero aseguró que “de nada vale el amedrentamiento, los valientes venezolanos que fueron testigos y miembros de mesa ya entregaron las actas a los comandos de campaña y ya están digitalizadas”.

Uno de los políticos detenidos es Freddy Superlano, ex diputado de Voluntad Venezuela, secuestrado el martes por la mañana por un grupo de chavistas encapuchados. Tras más de 30 horas sin noticias de su paradero o su situación -inclusive, con su familia exigiendo una fe de vida- este jueves el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, confirmó que “está detenido y hablando muy bien, es bilingüe”.

Sin ofrecer mayores detalles, el mensaje llevó gran preocupación a su entorno, que había recibido información de que estaba siendo torturado.

Por otro lado, las organizaciones de Derechos Humanos dieron a conocer la desaparición de 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), en Catia, que se habían manifestado el domingo por la tarde en la sede educativa para denunciar “al director de la institución por obligarlos a votar por Nicolás Maduro en la elección presidencial”.

En tanto, la Dirección de Deportes UCV informó la detención de la futbolista María Valentina Méndez Zambrano “en el marco de las protestas pacíficas que se han desarrollado en nuestro país” y exigió su libertad.

A raíz de esta situación, la Misión de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó un comunicado en el que alertaba sobre el aumento de las violaciones a los derechos humanos en el país, que llevan años ocurriendo, pero que han aumentado tras las elecciones. “La maquinaria represiva que nunca fue desmantelada ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y libre expresión de ideas”, indicó el organismo.