
La Asamblea General de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó el jueves la segunda discusión de la reforma parcial de la Ley del Servicio Eléctrico, en un contexto de cortes cotidianos de energía y reclamos ciudadanos que se mantienen desde hace años. La reforma propone regular el sistema en todo el territorio venezolano y los intercambios internacionales de energía asociados con generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización.
El diputado chavista Pedro Carreño solicitó el diferimiento de esta etapa, necesaria para aprobar el proyecto, con el argumento de que aún deben continuar el trabajo sobre el texto. La petición recibió el aval de la Cámara durante una sesión ordinaria transmitida por su canal de YouTube.
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El proyecto establece como objetivo “garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”. También plantea asegurar la energía necesaria para las actividades socioeconómicas y crear “un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas”.
Venezuela enfrenta una crisis eléctrica desde hace más de una década. Los apagones aumentaron en el último año, según denuncias de usuarios y organizaciones sociales.
La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó el miércoles que la recuperación del sistema requiere hasta USD 40.000 millones y un plan maestro con un plazo de ejecución de hasta 10 años, tras más de una década de desinversión.
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La oposición y especialistas atribuyen la situación a la corrupción y a la falta de mantenimiento de la infraestructura. El Gobierno encargado responsabiliza a las sanciones internacionales, al fenómeno climático de El Niño y a presuntos actos de sabotaje.
Cabe mencionar que Venezuela registró 1.101 protestas en septiembre, de las cuales 531 estuvieron vinculadas con apagones y fallas del servicio eléctrico, según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
La cifra representó un promedio de 37 manifestaciones por día y un aumento de 489% frente a septiembre de 2025, cuando la organización documentó 187 protestas.
El OVCS atribuyó la mayor parte de los reclamos a las interrupciones del suministro y a las variaciones de voltaje. “Los cortes prolongados y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades productivas, operatividad del sistema de agua potable, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de equipos domésticos”, señaló.
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Las movilizaciones por el servicio eléctrico equivalieron a cerca de la mitad de las protestas registradas durante el mes. El informe indicó que 376 ocurrieron durante la noche, principalmente en comunidades que atravesaron interrupciones prolongadas.
Ante la crisis reconocida por el Gobierno chavista, Delcy Rodríguez, anunció el pasado 8 de octubre que el país incorporará a mediano plazo 7.400 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a partir de acuerdos con la estadounidense General Electric y la argentina Impsa.
“Anuncio, a mediano plazo, la incorporación de 7.400 megavatios, derivados de acuerdos que se han suscrito con General Electric y con la empresa Impsa”, dijo Rodríguez durante la asamblea anual de Fedecámaras.
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La mandataria afirmó que Venezuela cuenta ahora con garantías para adquirir repuestos destinados al SEN. El Gobierno había denunciado dificultades para acceder a esos insumos por las sanciones extranjeras vigentes desde 2017.
El 29 de septiembre, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció un plan para sumar 1.300 megavatios al SEN durante el último trimestre del año, con el objetivo de estabilizar el suministro y reducir los apagones que aumentaron en las últimas semanas.
El funcionario atribuyó el incremento de la demanda al “repunte de la actividad económica”, a las altas temperaturas asociadas con el fenómeno de El Niño y a los terremotos registrados en junio.
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(Con información de EFE)
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