El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) le exigió al régimen de Nicolás Maduro combatir la trata de personas y la violencia de género en Venezuela.
Tras examinar al Estado durante su último periodo de sesiones, el órgano de Naciones Unidas publicó este martes sus conclusiones sobre el país caribeño; y manifestó su “preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas”.
Además, recomendó combatir el reclutamiento forzoso, y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud.
En este sentido, pidió a Venezuela que “elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas”.
También solicitó a las autoridades que asignen “fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo adecuados a las víctimas de trata, incluidos refugios, asesoramiento psicosocial, programas de reintegración y acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes pudieran necesitar protección internacional”.
El órgano de la ONU instó al régimen chavista a que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la Defensoría Especial para que pueda cumplir de manera eficaz e independiente su mandato de proteger a las mujeres migrantes y refugiadas de los riesgos de la trata de personas y que refuerce la independencia de la Defensoría del Pueblo.
En materia de salud, el Comité recomendó a las autoridades venezolanas “legalizar el aborto, al menos en los casos de violación, incesto y grave malformación del feto, además de los casos de amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada; que lo despenalice en todos los demás casos y que vele por que las mujeres y las adolescentes tengan acceso adecuado a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto”.
También observó con preocupación las denuncias de esterilizaciones forzadas en el marco del Plan Quirúrgico Nacional, a pesar de su penalización desde 2007, y recomendó al Estado poner fin de inmediato a esta práctica y exigir el consentimiento libre, previo e informado de la mujer para cualquier intervención médica que afecte a su salud, y sus derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, pidió garantizar que las mujeres y las niñas tengan un acceso asequible a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos modernos y a medicamentos vitales necesarios, y que haga frente a la escasez de tratamiento antirretroviral para las mujeres y niñas que viven con el VIH/SIDA.
Acceso de las mujeres a la justicia
En este punto, el Comité indicó que “tomó nota del establecimiento de 73 oficinas en todo el Estado con competencia para atender asuntos relacionados con los derechos de las mujeres, incluyendo una oficina especializada en feminicidio”.
Sin embargo, expresó su preocupación por las barreras existentes para que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, “como obstáculos económicos y la limitada disponibilidad de asistencia jurídica gratuita”, remarcó.
En este sentido, recomendó a las autoridades “ampliar los servicios públicos de asistencia jurídica, abordar las barreras lingüísticas y difundir información sobre los recursos jurídicos disponibles para reclamar los derechos, así como reconsiderar el haberse retirado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, y que restablezcan su jurisdicción”.
Violencia contra las mujeres
Respecto a este ítem, el Comité manifestó que acogió con satisfacción la segunda modificación parcial de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pero expresó su “profunda preocupación por la alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en el país, en particular, la persistencia de feminicidios, desapariciones y violencia psicológica”.
“En este respecto, el Comité recomendó reforzar las medidas para prevenir y castigar los casos de violencia de género, adoptar los reglamentos y protocolos con perspectiva de género necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica, aumentar el número de centros de acogida para las víctimas (hay cinco en todo el país) y proporcionarles acceso a asistencia jurídica, pruebas forenses, asesoramiento psicosocial y programas de rehabilitación”, expresó el reporte.
Asimismo, recomendó establecer un sistema de recopilación de datos sobre la violencia de género contra la mujer, incluido el femicidio.
Otras recomendaciones
Se centran en fomentar la visibilidad de la Convención para que todas las mujeres conozcan sus derechos y los recursos jurídicos de los cuales disponen; fortalecer las campañas de sensibilización y educación para eliminar los estereotipos discriminatorios y de género; reforzar las medidas para proteger a las defensoras de los derechos humanos; garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a una educación primaria y secundaria de calidad y acceso al empleo formal; y reforzar la capacitación económica de las mujeres.
Asimismo, el Comité señaló que la representación femenina en la Asamblea Nacional se mantiene en 31%; sólo dos mujeres han sido elegidas como gobernadoras de estado (8,3%) y 62 como alcaldesas (19%); y sólo nueve de los 33 Ministerios del Poder Popular están dirigidos por mujeres. Por todo ello, recomendó reforzar sus medidas para asegurar la igualdad de participación de las mujeres en la vida política y pública, sobre todo en los niveles de toma de decisiones.
Por último, destacó que, además del informe de la delegación de Venezuela, el proceso de revisión contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional de diversas temáticas y del sistema de Naciones Unidas, quienes remitieron información relevante que sirvió de sustento para la evaluación de examen.
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