Por qué en Colombia piden tus datos para todo y qué riesgos tiene

En América Latina, la digitalización aceleró la entrega rutinaria de datos personales sin que la sociedad haya construido una cultura real de protección y límites. Al respecto, Fabián A. Gamba Sánchez, líder del Observatorio de Humanismo Digital —un centro especializado en ética y gobernanza tecnológica impulsado por la Fundación Universitaria del área Andina (Areandina) en Colombia, explicó que esta normalización erosiona no solo la privacidad, sino también la autonomía: “Seguimos entregando información como quien paga un peaje para estudiar, comprar o registrarse”.

Según el vocero, los $5.157 millones en multas aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad estatal de protección de datos, en 2025 por violaciones al régimen de datos personales, no representan únicamente un dato estadístico sino la huella de una aceptación social de prácticas riesgosas. Por lo tanto, Colombia digitalizó sus rutinas más rápido de lo que aprendió a poner barreras, lo que implica una pérdida de privacidad y, con ello, una disminución concreta en la dignidad y el autogobierno de las personas.

Gamba Sánchez, a través del Observatorio de Humanismo Digital, promueve la visión de que el desafío no reside solo en los mecanismos tecnológicos sino en los efectos sobre cada individuo, cuando acepta la exposición y el registro continuo como condición básica para acceder a oportunidades de formación, consumo o empleo.

El especialista explicó que el corazón del problema no es cómo se utilizan las herramientas digitales, sino el modo en que las personas “aprenden que conectarse implica exponerse”. Esta naturalización hace que el acto de entregar datos como teléfono, correo, identificación o biometría pase a ser un requisito absorbido sin resistencia, debilitando la capacidad de cuestionar o limitar su proliferación.

La privacidad es una condición de la dignidad y no un lujo

La privacidad “no puede concebirse como un privilegio individual sino como un fundamento de la dignidad” y del ejercicio del autogobierno. Amparado en la Constitución colombiana y la Ley 1581 de 2012, el directivo recordó que existen derechos formales a la consulta, “rectificación, revocatoria de autorizaciones y supresión de datos”, y que su ejercicio no depende de tener “algo que ocultar”.

Así las cosas, el debate actual sobre la protección de datos personales en Colombia no se reduce a la dimensión jurídica o técnica, se basaría en la preservación del margen de acción individual frente a sistemas que registran, cruzan y conservan información. Para él, la entrega irreflexiva de datos erosiona la autonomía, porque los datos no solo describen, sino que también clasifican y construyen “reputaciones, inferencias, etiquetas y jerarquías” sociales.

Entonces, si otros deciden “qué saben de mí, por cuánto tiempo lo guardan, con quién lo comparten y para qué lo usan”, el control de la propia vida se ve reducido. El problema radica especialmente en la circulación y la posterior interpretación de esos datos para establecer nuevos perfiles o limitaciones que afectan las oportunidades de la persona.

Ejercer los derechos de datos requiere acciones cotidianas de ciudadanía

Poner límites a la circulación de la información personal constituye una manifestación concreta de ciudadanía al ejercer los derechos de datos. Ejemplos cotidianos lo ilustran: un estudiante entrega cédula y teléfono para una actividad y luego detecta que sus datos circulan en grupos de WhatsApp o son empleados en llamadas comerciales inesperadas. En el ámbito laboral, bajo pretextos de seguridad o verificación, con frecuencia se solicitan datos sensibles sin justificación proporcional, exponiendo a los involucrados de manera innecesaria.

Para Gamba Sánchez, no es necesario convertirse en experto en derecho para ejercer el derecho al “habeas data”, pero sí es necesario adoptar una actitud activa: hacer preguntas sobre qué datos se piden, para qué y durante cuánto tiempo se almacenarán, y exigir políticas claras sobre el tratamiento de la información.

Por eso, se aocnseja solicitar la política de tratamiento y prestar atención a cuatro puntos centrales: qué datos se recolectan, con qué finalidad, con quién lo comparten y cuáles son los canales para ejercer los derechos del titular.

La inteligencia artificial acelera el debate sobre inferencias y perfiles

El avance de la inteligencia artificial ha radicalizado la urgencia del problema en Colombia y otros países de Latinoamérica y España. La cuestión ya no consiste solo en almacenar información, sino en “producir inferencias”: el cruce de rastros y la construcción algorítmica de perfiles amplifica el riesgo de que las personas sean reducidas a puntajes o categorías automatizadas.

Finalmente, el dato “no es un peaje para entrar al mundo digital”. Es “parte de la persona” y su gestión exige límites razonables y una vigilancia diaria. La conciencia sobre qué datos se entregan y la exigencia de políticas claras resultan esenciales no solo en Colombia, sino para cualquier lector de Latinoamérica y España que quiera proteger su autonomía en entornos digitales cada vez más intrusivos.