En una causa que ya acumulaba cinco denuncias por inversiones fallidas y vehículos comprometidos, la Justicia de Salta amplió la acusación contra el principal investigado por presuntas maniobras vinculadas a la compra y alquiler de autos. Con esta nueva atribución, el hombre quedó imputado por otro nuevo caso de fraude en concurso real y continuará detenido con prisión preventiva.
La audiencia en la que se formalizó la ampliación de la imputación contó con la intervención del auxiliar fiscal Pablo Nieva, en representación del Ministerio Público Fiscal. En esa instancia, además, el juez Antonio Pastrana rechazó el planteo de los denunciantes que buscaban recuperar vehículos vinculados con las operaciones investigadas, un punto que mantiene abierto el conflicto patrimonial en torno a los bienes bajo análisis.
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El hombre ya estaba acusado por cinco maniobras, y con la ampliación, la situación procesal del sospechoso se agravó. El expediente se centra en operaciones presentadas como inversiones para adquirir vehículos que luego serían destinados al alquiler o a otras explotaciones comerciales. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a los aportantes se les prometía una renta mensual en dólares y, más adelante, la devolución del capital invertido.
Permanece con prisión preventiva desde agosto, después de haber sido detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trasladado posteriormente a la capital salteña. La pesquisa intenta determinar si detrás de ese esquema existió una estructura organizada para captar fondos y sostener pagos iniciales hasta que comenzaron los incumplimientos.
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En la misma causa, otras dos personas fueron imputadas como partícipes necesarios de cinco hechos de estafa, mientras que cinco personas más quedaron acusadas de encubrimiento agravado por la presunta adquisición de 11 vehículos relacionados con las maniobras investigadas.
El inicio de la causa
La investigación comenzó tras la presentación de las primeras denuncias y desde ese momento quedó planteada la hipótesis de una posible estafa piramidal. Según los investigadores, los aportes de nuevos inversores habrían sido utilizados para sostener pagos iniciales a otros participantes.
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En ese marco, la UDEC realizó seis allanamientos en la ciudad de Salta y secuestró 12 vehículos, documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés, mientras avanzaba también sobre el análisis de movimientos de los sospechosos entre Buenos Aires, Brasil, Chile y Portugal.
El esquema ofrecía, según los testimonios, pagos mensuales en moneda estadounidense y la posibilidad de recuperar el capital al final del acuerdo. Con el correr de los meses, sin embargo, varios inversores denunciaron que esos compromisos dejaron de cumplirse. Fue entonces cuando intentaron recuperar los vehículos o resguardar los activos asociados a las operaciones.
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En ese momento, advirtieron que algunas unidades estaban prendadas o alcanzadas por contratos de leasing, lo que complicaba cualquier restitución y revelaba una situación patrimonial distinta a la que se les había presentado al momento de invertir.
Según la hipótesis del Ministerio Público, las operaciones investigadas se habrían canalizado a través de dos sociedades que actuaban bajo un mismo nombre comercial. La investigación intenta establecer qué rol cumplió cada firma, cómo se instrumentaban los contratos y de qué manera ingresaban los aportes de quienes aceptaban invertir en el negocio.
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Durante la audiencia más reciente, uno de los puntos discutidos fue el destino de los vehículos vinculados con las operaciones bajo investigación. Los denunciantes solicitaron que esas unidades fueran restituidas, pero el juez Pastrana desestimó el planteo.
Por ahora, los vehículos seguirán alcanzados por las medidas dispuestas en la causa, mientras se define su situación jurídica y se profundiza el análisis sobre la titularidad, las garantías que pudieran pesar sobre ellos y su eventual vinculación con los hechos denunciados.
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