Confirmaron el procesamiento de Hernán Boveri y Fini Lanusse por el robo de propofol del Hospital Italiano

Fue en un fallo dividido de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Los argumentos

Delfina Lanusse y Hernán Bovieri, los imputados por el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano
Delfina Lanusse y Hernán Bovieri
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La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó este miércoles el procesamiento de Hernán Boveri y Delfina Lanusse en la causa por el robo de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires.

El anestesista quedó sindicado por la Justicia como autor del delito de defraudación por administración fraudulenta contra el centro médico, mientras que “Fini” fue señalada como partícipe secundaria.

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La decisión judicial fue tomada por mayoría y mantiene además los embargos sobre los bienes de los dos profesionales: $70.929.520 en el caso de Boveri y $30.929.520 para Lanusse.

Los jueces que estuvieron de acuerdo en confirmar el procesamiento fueron Ignacio Rodríguez Varela y Mariano A. Scotto, quienes consideraron que los testimonios y las pruebas incluidas en el expediente “alcanzan para estabilizar las imputaciones”. En cambio, el juez Rodolfo Pociello Argerich tuvo una opinión contraria y propuso dictar la falta de mérito.

fini lanusse propofol
Fini Lanusse fue sindicada como partícipe secundaria

Rodríguez Varela y Scotto subrayaron que el acceso de los acusados al propofol en el hospital, sumado al vínculo y la oportunidad de manipulación, “permite acreditar, con el grado de probabilidad exigido, que Boveri y Lanusse obtenían la sustancia en el Hospital donde trabajaban y en ocasión de tal ejercicio profesional”.

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Además defendieron la validez de los testimonios de amigos y colegas incorporados a la causa e indicaron que no existen indicios de animosidad “ni circunstancias que lleven a sospechar de falsedad en sus declaraciones”.

Argerich, en cambio, sostuvo que, si bien los indicios permiten sospechar que los acusados podrían haberse puesto de acuerdo para sustraer propofol, “no se ha podido establecer fehacientemente” que las sustancias provenían del hospital ni que existió un daño patrimonial comprobable. Por eso, propuso dictar la falta de mérito, que significa quedar a espera de nuevas pruebas.

Las pericias clave que faltan

En su resolución, la Cámara también resaltó que, si bien en la etapa de instrucción se reunieron “elementos de convicción suficientes para confirmar los procesamientos”, quedan numerosas pruebas pendientes que resultan decisivas para esclarecer por completo las circunstancias del hecho investigado.

Hombre con uniforme médico y gorro quirúrgico sonríe frente a equipo médico. Superpuesta, información promocional de un curso de anestesia
Hernán Boveri, el anestesiólogo procesado

Entre las medidas que aún restan realizar, el Tribunal mencionó la apertura y peritaje de los dispositivos electrónicos de los imputados. Tal diligencia podría aportar evidencia relevante respecto de la mecánica y el origen de la sustracción y consumo del fármaco “propofol”, además de la participación concreta de Boveri y Lanusse.

Asimismo, consideraron pertinente cualquier otra medida de prueba que las partes o el juez estimen necesaria para aclarar el posible desvío de medicamentos y la existencia, o no, de perjuicio patrimonial efectivo al Hospital Italiano.

La defensa de “Fini” y Boveri

Para las defensas de Boveri y Lanusse las pruebas no son suficientes. Por eso apelaron el procesamiento dictado a principios de abril, que en las próximas horas se deberá resolver si queda o no firme.

Para el abogado de Boveri, no se probó cómo se sustrajo la medicación, dijo la acusación se basa en “testigos de oídas y rumores”, y que el hospital no demostró un perjuicio económico concreto. Además, objeta que él no tenía un rol administrativo directo sobre los bienes del hospital.

La defensa de Lanusse centró sus cuestionamientos en la falta de pruebas directas de la sustracción y criticó el valor legal de las declaraciones realizadas en encuentros de la AAARBA, señalando que carecieron de garantías y no se ajustaron ni a la práctica médica ni al proceso penal.

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