Investigan la desaparición de más de 100 armas que estaban guardadas en la sede judiciald de Río Negro

El Poder Judicial de Río Negro enfrenta una escandalosa investigación ante la desaparición de más de cien armas resguardadas en los depósitos de las sedes judiciales. En las últimas horas, se conoció que hay otros cinco fusiles que se suman al faltante, que se encontraban en los tribunales de General Roca.

El caso puso en el centro de la investigación a todo el Poder Judicial provincial dado que la Policía de Río Negro no tiene acceso a la habitación en donde se encontraba el armamento. El ingreso es para el personal que posee llave del lugar por lo que hay tres empleados judiciales investigados. El reciente hecho llevó a la apertura de otro sumario administrativo que se suma al expediente penal ya iniciado por el robo anterior.

Los hechos se dan en el marco de una orden expresa de un Fiscal General, que prohíbe la guarda de armas y cualquier otra prueba material en los órganos jurisdiccionales. “Hay una instrucción que prohíbe de manera clara que no debe haber armas, ni ninguna otra prueba material, guardada en los despachos de la fiscalía”, indicaron desde AN Roca.

En la reciente auditoría se detectó que, pese a la prohibición vigente, las armas estaban en la oficina y desaparecieron bajo circunstancias que para los investigadores reflejan una acción planificada.

Todas se encontraban aptas para su uso, mientras que en los despachos quedaron los artefactos conocidos como de fabricación casera, con desperfectos o réplicas, una selección que sugiere que los responsables conocían el material y seleccionaron cuidadosamente los objetos sustraídos.

Por esto, el titular de la Fiscalía N°3, quien asumió hace siete meses en reemplazo de Norma Reyes (actualmente de licencia) también esta siendo investigado. Según fuentes policiales, existe una presunción de negligencia en el manejo y resguardo de las armas. “Hubo un acto negligente”, sentenciaron. El caso quedó ahora bajo la órbita del auditor general, quien actúa conforme a la instrucción de no permitir la permanencia de pruebas en las fiscalías.

En paralelo, se produjo un cambio en la conducción de la investigación. El expediente fue retirado del despacho de la Fiscal Jefe de Roca, Teresa Giuffrida, y trasladado al fiscal Jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial, Santiago Márquez Gauna, con sede en Cipolletti, según consignó el mismo portal local. Esta decisión se debe a que ningún funcionario de la Segunda Circunscripción Judicial puede investigar hechos graves ocurridos en la misma jurisdicción, para evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en el procedimiento. “Es común y hasta frecuente que eso ocurra, sobre todo porque en el caso de Roca, todas las reparticiones y oficinas están en un mismo edificio”, indicó El Cordillerano.

Un último relevamiento realizado en sedes de Bariloche, Viedma y Cipolletti habría dado con una parte del armamento desaparecido, aunque restaría la confirmación oficial. En cuanto a las responsabilidades internas, los tres empleados judiciales de General Roca fueron removidos y permanecen bajo sumario administrativo por maniobras fraudulentas. Estos tenían a su cargo la administración del acceso a los depósitos de armas desde sus oficinas en el octavo piso, situadas justo debajo de los despachos de los jueces de la circunscripción.

La investigación procura establecer cómo se gestionaban las llaves de los depósitos, qué medidas se tomaban al finalizar la jornada laboral y si existió la posibilidad de que se hayan realizado copias de las llaves, lo que habría facilitado la sustracción paulatina de armamento. Uno de los aspectos más complejos del caso es el esclarecimiento de la cadena de custodia y la detección de eventuales irregularidades en el sistema de control de acceso a las armas.