Dos sospechosos fueron detenidos como parte de una organización dedicada a estafas con alquileres falsos operada desde una cárcel de la ciudad bonaerense de Junín. La investigación comenzó luego de que un vecino local denunciara haber caído en la trampa.
La banda, que operaba a través de redes sociales, cayó tras una serie de allanamientos simultáneos coordinados por la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, bajo la dirección de la fiscal Vanina Lisazo y la supervisión del Juzgado de Garantías N°3.
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La mecánica de las maniobras consistía en captar víctimas a través de publicaciones engañosas que simulaban ofertas de alquileres inexistentes. Una vez que el interesado se contactaba, se le solicitaban datos personales y un adelanto económico para asegurar la operación. De esta forma, los responsables lograban apropiarse de sumas de dinero sin concretar la entrega de ningún inmueble.
Las indagaciones realizadas por la Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín permitieron reconstruir el entramado comunicacional que utilizaban los involucrados, identificando líneas telefónicas, cuentas bancarias, personas asociadas a la operatoria y los perfiles digitales utilizados.
Este trabajo llevó a la concreción de varios procedimientos simultáneos que involucraron a distintas dependencias policiales, incluyendo la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV Bragado, la Jefatura Departamental Junín y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), entre otros.
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Uno de los operativos más relevantes se realizó en la Alcaidía N°49 de Junín, institución donde se encuentran alojados dos de los principales imputados: Marcos Omar Rodríguez Morales y Julián Sebastián Ledesma Herrera. Ambos, con antecedentes penales vigentes, presuntamente lideraban la maniobra delictiva desde el Pabellón 7 del establecimiento.
Durante el allanamiento, el personal policial incautó dos teléfonos celulares y tarjetas SIM, elementos que habrían sido utilizados para las comunicaciones vinculadas al esquema fraudulento. Ahora, estos dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis técnicos para rastrear la posible existencia de otras víctimas.
En paralelo, el operativo incluyó allanamientos en distintos barrios de la ciudad. En el barrio San Francisco, agentes irrumpieron en el domicilio de una mujer. Allí también secuestraron un teléfono celular y una tarjeta SIM que resultan de interés para la causa.
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Similares procedimientos se desarrollaron en el Barrio Emilio Mitre y en el Barrio San Antonio, donde también se requisaron dispositivos electrónicos y tarjetas asociadas a la investigación. Esta estrategia coordinada permitió recabar pruebas que serán pieza clave para el avance judicial.
Los antecedentes de los detenidos
Rodríguez Morales, según expedientes judiciales, cumple una pena de cuatro años por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, la cual vence el 9 de abril de 2028.
Ledesma Herrera, en tanto, enfrenta una condena de siete años y tres meses por “robo triplemente calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, por el empleo de arma en uso impropio y por su comisión en poblado y en banda, todo en concurso ideal”, con vencimiento el 14 de julio de 2030.
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Ambos permanecen alojados en la Alcaidía N°49 de Junín, donde, a pesar de las restricciones propias del régimen carcelario, habrían ideado y ejecutado el plan de estafas.
Todas las personas allanadas recibieron notificación formal sobre la formación de la causa por el delito de estafa y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, bajo la obligación de presentarse en sede judicial para prestar declaración indagatoria.
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