Los fiscales de San Juan comenzarán a usar chalecos antibala

A partir de ahora, los fiscales de la provincia San Juan comenzarán a utilizar chalecos de protección balística como parte de su equipamiento diario. La medida responde a la necesidad de reforzar la seguridad de los funcionarios ante el incremento de situaciones de riesgo vinculadas a las tareas sensibles que desarrollan.

Según informó en las últimas horas el Ministerio Público Fiscal, que conduce Guillermo Baigorrí, se definió la adquisición de este tipo de protección personal para los fiscales coordinadores y de caso.

La implementación de la iniciativa se concreta en el marco de un convenio de reciprocidad celebrado entre el organismo judicial y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia, acuerdo que quedó formalizado el 2 de diciembre pasado.

De acuerdo con la información oficial, la cartera de Seguridad dispuso la entrega del equipamiento bajo la modalidad de comodato, facilitando así la disponibilidad inmediata de los recursos.

“Para nosotros significa dar un paso muy importante, fundamentalmente, en la seguridad”, afirmó Baigorri en declaraciones recogidas por Diario Huarpe, y recordó que, salvo en los inicios del sistema de flagrancia, los fiscales de la provincia no habían sido provistos de este tipo de protección.

Baigorri destacó que se vive en “una sociedad cada vez más violenta, cada vez más peligrosa”, lo que exige que quienes defienden a la gente estén dotados de herramientas contra posibles agresiones físicas en la calle.

Sobre la modalidad de uso, el fiscal General explicó que, ante la posibilidad de enfrentar situaciones conflictivas como pedradas o ingresos a lugares donde puede haber balaceras, el uso del chaleco “indudablemente tiene que ver con qué tipo de situación haya que enfrentar, pero sí es obligatorio” para todo el personal fiscal.

El lote puesto a disposición incluye 40 chalecos antibala marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, diseñados en poliéster negro y con material balístico de Kevlar. Estos equipos cuentan con nivel de protección RB-3, cumpliendo la normativa nacional vigente y permitiendo su uso tanto por hombres como por mujeres del equipo fiscal.

Finalmente, el secretario de Seguridad subrayó que la decisión apunta a anticiparse a situaciones graves. “No esperemos que suceda un hecho grave para recién venir con el chaleco. Hubo una iniciativa del Ministerio Público Fiscal y una respuesta del Gobierno de la provincia, en este caso de la Secretaría de Seguridad”, concluyó.

Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

Sucedió este mediodía en el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo: allí denunciaron que un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas.

El caso fue ventilado por el diario La Nación, donde contaron que en los tribunales vincularon el ataque a una organización criminal allanada el 22 de enero pasado y a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.

Incluso, Infobae tuvo acceso al comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su "enérgico repudio y preocupación" por el ataque a un juzgado del Departamento Judicial San Martín.

En el texto se habla de “un grupo de aproximadamente 20 personas que portaban armas blancas” y que actuó “en represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico”.

Mientras que otras fuentes consultadas por este medio le bajaron un poco el tono a lo sucedido: “Fueron a reclamar, no los quisieron atender y golpearon a la puerta, pero llamando, no rompieron nada. Y se fueron”.

Para el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, “el hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”.

Y continúa el comunicado: “Asimismo, evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.

Para finalizar: “Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”.