A cinco años de la muerte de Maradona, siguen las trabas para juicio a la enfermera que lo cuidaba en Tigre

Se cumplen cinco años del día en que sucedió lo que nadie quería ni esperaba. El 25 de noviembre de 2020 a la mañana, en una casa del barrio San Andrés, Tigre, comenzó a vivirse una situación de máxima preocupación que poco después traspasó las paredes y las fronteras. Allí se descompensó y murió Diego Armando Maradona, a quien intentaron salvar en vano con numerosas maniobras de reanimación.

Una de las pocas testigos que vivió el episodio de principio a fin fue Gisela Dahiana Madrid, la enfermera que lo cuidaba, quien hoy está acusada de dejarlo morir y espera un juicio que no se hace.

Ella es la octava imputada en la causa que investigó las responsabilidades médicas en el fallecimiento del Diez. Le endilgan el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, tal como al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. La misma acusación tiene el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Lo que la ubicó ante esta situación procesal es que Madrid era quien estaba a cargo de Diego cuando se descompensó. Según la acusación de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, su tarea era controlar sus signos vitales. Y justo el 25 de noviembre de 2020, cuando su turno comenzaba a las 6, no lo fue a revisar hasta media mañana porque “dormía”. Cuando lo fueron a despertar, ya era tarde.

A diferencia del resto de los imputados -que estuvieron en el debate que resultó nulo por el escándalo de la ex jueza Julieta Makintach- Gisela Dahiana Madrid todavía no se enfrentó a un tribunal. El motivo es que su abogado, Rodolfo Baqué, pidió que su defendida sea juzgada en un juicio desdoblado por jurado popular.

Pero su proceso está trabado casi desde el principio. Para empezar, el pedido de Baqué tuvo que ser resuelto a fines de 2024 por la Cámara de Casación Bonaerense tras protestas de las partes. Cuando la Justicia le dio la razón al abogado, se sorteó el TOC N°7 de San Isidro, a cargo de la jueza María Coelho, para llevar a cabo el juicio.

La audiencia preliminar -donde se define la prueba y lista de testigos para el proceso- recién fue citada en julio de este año, cuando el juicio contra los otros 7 imputados ya había sido decretado nulo por las irregularidades de la ex magistrada Makintach.

¿Qué pasó? La jueza Coelho decidió que la continuación del debate contra Madrid quede sujeta a la definición sobre los alcances de la nulidad decretada previamente. Es decir: que quede claro si seguía en pie el juicio desdoblado o si se había anulado todo lo ocurrido en la causa, incluyendo que la enfermera sea juzgada por un jurado popular.

Los nuevos jueces que tomaron el caso -Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón- definieron que la medida solo aplica para el proceso donde se juzga a los otros 7 imputados, lo que destrabó el caso de Madrid.

No obstante, justo en el aniversario de la muerte de Maradona, la jueza Coelho emitió una resolución donde informó sobre el pedido de audiencia preliminar solicitado por la defensa y, antes de convocarla, solicitó a la fiscalía y a los particulares damnificados que se expidan al respecto.

“La Doctora Coelho lleva muchísimo tiempo sin querer hacer el juicio de Dahiana Madrid. En vez de fijar una audiencia conforme el artículo 338 absurdamente le notifica al bloque acusador del pedido de audiencia. Yo no tengo la culpa de su ignorancia jurídica en algunos temas”, se quejó Baqué en diálogo con Infobae.

En el escrito, al que accedió este medio, la magistrada también se quejó de la actitud de los defensores de la enfermera (Rodolfo Baqué y Martín De Vargas) en la última jornada de julio y pidió la intervención del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de La Plata para que evalúe su conducta.

Coelho detalló que los abogados pusieron en tela de juicio su desempeño profesional, asociándola “inescrupulosamente a una ex magistrada destituida”. Además, los letrados calificaron de “absurdo jurídico” una resolución anterior del tribunal y la acusaron de “prevaricar” por no acceder a la designación “urgente” de una audiencia preliminar.

En este sentido, el defensor Baqué denunció censura y hostigamiento y aseguró: “Me acusa de no firmar los escritos cuando hace más de un año que no firmo los escritos. Me asombra lo poco que conoce la causa”.