Cuatro personas fueron detenidas este jueves en una serie de siete allanamientos realizados en Mar del Plata y CABA, en un caso que podría ser uno de los más impactantes de la historia reciente. Se los acusa de integrar una red dedicada al tráfico de personas, para facilitar la inmigración ilegal a la Argentina de personas oriundas de Medio Oriente, con países como Siria, Túnez y Marruecos. Según un informe que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal entregó a la Justicia federal, una de las personas que la organización ingresó al país tendría una posible relación con el grupo terrorista Al Qaeda, aseguraron fuentes del caso a Infobae, una pista que continúa bajo investigación.
Los detenidos son una mujer de nacionalidad siria, junto a tres varones: un tunecino, un marroquí y un argentino. En los procedimientos, Prefectura incautó nueve armas de fuego -entre ellas un subfusil Walther calibre .22- casi 3,5 kilos de pólvora para recarga de municiones y más de dos mil balas. También se secuestró documentación, que podrá ser analizada.
Los detenidos serán indagados en la mañana de este viernes por el juez del caso, Santiago Inchausti. En la investigación participaron el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la UFECO, el área de la Procuración que investiga al crimen organizado, el fiscal federal Santiago Eyherabide, la PROTEX con su colega Alejandra Mangano.
Cómo operaba la banda
Entre las maniobras de la banda “se destacan la simulación de matrimonios con personas de nacionalidad argentina —utilizada para iniciar trámites de residencia y, eventualmente, acceder a la ciudadanía— y la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados. En otros casos, el ingreso se realizaba por pasos habilitados, asegurándose luego la permanencia mediante prácticas orientadas a eludir los controles previstos en la Ley de Migraciones", asegura un informe del caso.
Hay, por lo pronto, un caso confirmado con nombre y apellido. Se trata de un ciudadano egipcio que se casó con una argentina, en un matrimonio presuntamente arreglado por la organización. Dos de los miembros de la banda fueron testigos del casamiento.
También, varias de las personas traficadas habrían intentado inscribirse como refugiados ante el Estado argentino, lo que supuestamente les permitía obtener DNIs provisorios.
La causa, precisamente, comenzó a ser investigada en marzo de 2024 por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada encabezada por el fiscal Marquevich, tras una denuncia presentada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional. Esto llevó a una serie de intervenciones telefónicas, donde se interceptaron horas de diálogo en idiomas del mundo árabe.
En estas conversaciones, los miembros de la banda discutían distintos planes, como la organización de nuevos matrimonios truchos y la infiltración de personas por pasos no habilitados.
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